La oposición llamó a una marcha para evitar una supuesta “extrajerización” del país, sin embargo, la ley de tierras pone límites a las ventas a extranjeros y devuelve a las provincias la capacidad de administrar sus territorios. La intencionalidad política del kirchnerismo pone en jaque una medida que favorece el federalismo en Argentina.
La nueva ley de tierras, que debe ser tratada en el Senado de la Nación, establece entre sus puntos principales, que las provincias comenzaran a administrar todos los territorios que estaban bajo la órbita nacional y son ellas las que determinaran si se vende a no a empresas o personas físicas extranjeras, pero también deja en claro, que no se puede enajenar a otros Estados y en el caso de tierras en áreas de fronteras o estratégicas, las provincias deben tener el acuerdo con el gobierno nacional antes de vender.
La nueva versión, además, mantiene restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, pero eleva del 15% al 25% el límite permitido en cada provincia. El documento incluye además modificaciones en expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y registros inmobiliarios.
El dictamen también mantiene la prohibición para que Estados extranjeros compren tierras rurales y exige autorizaciones especiales para empresas con participación estatal extranjera y operaciones en zonas de frontera. Sin embargo, esos puntos forman parte del texto integral y no necesariamente de la última modificación negociada.
El oficialismo terminó de definir el dictamen de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con las modificaciones negociadas para intentar garantizar su aprobación en el Senado. El principal cambio está vinculado con la ley de Tierras: en lugar de eliminar las restricciones vigentes, la nueva versión eleva del 15% al 25% el límite permitido para la titularidad extranjera en cada provincia.
El texto comenzó a circular luego de las negociaciones que encabezó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con los senadores aliados. La concesión representa un retroceso respecto de la propuesta original impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que buscaba liberar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El nuevo dictamen está compuesto por 47 artículos y no se limita al régimen de tierras rurales. También modifica la normativa sobre expropiaciones y regularización dominial, los procesos de desalojo, la ley de Manejo del Fuego y el funcionamiento de los registros de la propiedad inmueble.
El nuevo dictamen establece que la titularidad de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá superar, en conjunto, el 25% de la superficie rural de cada provincia. La ley vigente fija ese límite en el 15%, mientras que el proyecto original del Gobierno buscaba eliminar por completo la restricción.
“La titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá exceder, en conjunto, el veinticinco por ciento (25%) de la superficie de las tierras rurales de cada provincia”, señala el artículo 25 del documento.
La modificación surgió de las negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich con los bloques aliados ante las dificultades para reunir los votos necesarios. En una instancia anterior, el oficialismo ya había aceptado reconocer la facultad de las provincias para establecer su propia normativa sobre la adquisición de tierras rurales.
