Entre 2007 y 2015, cuando como ahora estuvieron limitadas las exportaciones, el precio de la carne en el mercado doméstico aumentó 900% y el kilo pasó de $11 a $110.
Por Gonzalo Teruel
En marzo, hace 3 meses y a propósito del anuncio del gobierno nacional de un acuerdo con frigoríficos y supermercados para bajar el precio de la carne, un artículo publicado por Revista Salvador describió la medida como “una vieja y nunca exitosa estrategia”.
“En tiempos de tensión inflacionaria como el que vive el país, los acuerdos de precios fracasan invariablemente. El razonamiento es simple: no se puede contener un precio si todos los demás suben y suben” avisó aquel texto y, a partir del testimonio de distintos especialistas, detalló que “El acuerdo de carnes ha sido una gran payasada del gobierno. Pondrán cortes por el equivalente a 6 mil toneladas mensuales, eso quiere decir que son 72 mil toneladas anuales y en la Argentina se consumen 2,4 millones de toneladas, así que el acuerdo llega apenas al 3% del consumo. Los cortes no van a llegar a todos los sectores de la población, solamente segmentados a algunos barrios, ni siquiera alguna provincia argentina. Los exportadores hacen el acuerdo porque el gobierno los presiona. Es una vergüenza que se anuncie un acuerdo de este tipo”. Razón no le faltó a aquel artículo periodístico: el precio de la carne, como el de la mayoría de los productos de primera necesidad y consumo masivo, continuó subiendo y subiendo.
Como entonces, la nueva medida del gobierno, el cierre (temporal, según dijeron funcionarios nacionales) de las exportaciones de carnes, también es “una vieja y nunca exitosa estrategia”. La experiencia más o menos reciente del cierre de exportaciones de carnes, entre 2006 y 2015, dispuesto por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner, solo generó perjuicios a los productores ganaderos, a los industriales frigoríficos, a los trabajadores de la cadena de ganados y carnes y a las mismísimas arcas fiscales que dejaron de percibir los Derechos de Exportación vulgarmente llamados “retenciones”, y no consiguió frenar la suba de los precios del bife y el asado.
Con ligeras diferencias, economistas y especialistas de la actividad ganadera recuerdan que aquel cierre de las exportaciones provocó una fuerte caída de la inversión en el rubro, que desaparecieran 30 mil ganaderos, que el rodeo bovino disminuyera en 10 a 12 millones de cabezas, que cerraran no menos de 140 frigoríficos y que se perdieran hasta 15 mil puestos de trabajo en la industria.
En simultáneo, los precios de la carne en el mercado doméstico aumentaron un 900%. “Entre 2007 y 2015 las exportaciones cayeron de 539 mil a 200 mil toneladas res con hueso. Sin embargo, el precio al consumidor se multiplicó por 10: pasó de $11 en 2007 a $110 en 2015″ precisó, por ejemplo, el analista Federico Santangelo.
El titular de la consultora AgroIdeas, agregó que “esto significa que en los gobiernos de Cristina Fernández, cuando las exportaciones estuvieron cerradas o intervenidas, la caída fue del 63% pero los precios al consumidor aumentaron 900%”. “Lo contrario sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, cuando se le quitó el cepo a los frigoríficos y las exportaciones aumentaron 346% y el precio al consumidor 186%”.
Idéntica situación se vivió en la producción cerealera y la industria molinera. Cuando se cerraron las exportaciones, también en los gobiernos de Néstor y Cristina, cayó la producción de trigo (al mínimo volumen en más de 100 años de registros oficiales) mientras el precio de la harina y del pan subió al ritmo de la inflación.
Controversia aparte sobre su origen monetario, la inflación es un fenómeno multicausal. Pretender detener la suba del precio de un producto sin detener la suba de sus costos de producción (materia prima, mano de obra, impuestos y servicios, energía y logística, etcétera) es ingenuo e imposible.
La decisión tomada por el presidente Alberto Fernández y contraria a las recomendaciones de algunos de sus ministros como Martín Guzmán de Economía o Matías Kulfas de Desarrollo Productivo, según indica la experiencia reciente, fracasará: no bajará el precio en el mercado interno y perjudicará a la actividad productiva y exportadora.
Y mucho peor aún afectará con la disminución de inversiones para la actividad productiva a provincias como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe que poseen campos ganaderos y plantas frigoríficas. Y también a provincias como Corrientes, Santiago el Estero y Salta que desde hace un par de décadas reciben las vacas que dejan campos al maíz y a la soja en la Pampa Húmeda y tienen en el agro a uno de los pocos sectores potentes de su economía.
