El diputado peronista por Anta Gerardo Francisco Orellana, el ex jefe de la ANSES y miembros de la municipalidad de El Quebrachal, fueron imputado por haber creado una red para estafar al estado con el otorgamiento de más de nueve mil pensiones truchas. El perjuicio económico para el Estado sería de $3.280 millones mensuales.
A Gerardo Francisco Orellana, se le atribuyen fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita. La maniobra tendría dos funciones, estafar al Estado Nacional, cobrando parte de lo que recibían los supuestos beneficiarios y de generar una masa de “clientes” para las elecciones. Si no lo votaban, le quietaban la pensión, un practica que el peronismo institucionalizó durante décadas en Salta.
El miércoles se llevó adelante la primera audiencia ante el Juzgado de Primera Instancia N°2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy, por la cual quedó formalmente abierta por el plazo de un año la investigación por la presunta tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por discapacidad en el departamento Anta.
El fiscal general Carlos Amad describió una estructura que habría funcionado de manera coordinada entre médicos, empleados y funcionarios públicos, personal administrativo, operadores políticos y personas encargadas de captar beneficiarios.
Dentro de la acusación se sostiene que la organización habría falsificado o adulterado certificados médicos, historias clínicas, análisis de laboratorio, radiografías y documentos que permitían que ciertas personas cuenten con los requisitos para sacar o revocar pensiones por discapacidad.
Desde los $20.000 hasta $1 millón eran lo que se habría abonado por la gestión, dependiendo del trámite y de la intervención que se requería.
Con la apertura formal de la investigación, la Fiscalía tendrá el periodo de un año para profundizar el análisis de la documentación, teléfonos, expedientes y demás información que remitieron organismos nacionales.
Los imputados deberán comunicarse mensualmente por teléfono, informar si tienen previsto salir del país, además de ordenarse la anotación de litis sobre bienes e inmuebles de los acusados.
Esta llamada “estructura” por parte de la Fiscalía, contaba con integrantes que cumplían funciones diferentes:
María Romano se habría encargado de la captación y gestión de beneficiarios, siendo empleada de la municipalidad de El Quebrachal y sería vista como un nexo entre beneficiarios y los integrantes de la estructura. Para la Fiscalía se trataría de quien reclutó personas, recibió documentación, habría cobrado dinero y coordinado la continuidad de trámites. Habría mantenido contacto con médicos, personal administrativo y personas vinculadas con organismos encargados de procesar pensiones. Se encuentra imputada por fraude a la Administración Pública, asociación ilícita, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, en calidad de coautora.
Gerardo Francisco Orellana, diputado provincial por el departamento Anta y ex intendente, habría intervenido en expedientes y firmando documentación relacionada con personas que no reunían los requisitos para obtener una pensión. Según la fiscalía, el sistema se habría usado políticamente. El legislador está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Roberto Bernardino Morales, médico y ex director del Hospital Enrique Romero de El Quebrachal habría, según la Fiscalía, emitido y avalado certificados médicos presuntamente falsos donde se sostenía la incapacidad en personas que no reunían las condiciones para acceder a la pensión. Se encuentra imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
César Ramiro Blanco, médico, vinculado al Hospital Enrique Romero y propietario de la Clínica Cristo Rey, quien habría ofrecido trámites completos para obtener pensiones, incluso para personas que no tenían enfermedades incapacitantes. Se le atribuye la emisión de certificados médicos presuntamente apócrifos y el uso de estudios destinados a sostener diagnósticos que no se correspondían con el estado real de los pacientes. Habría cobrado por gestiones que debían realizarse dentro del sistema público y habría asesorado a personas sobre cómo responder ante las juntas auditoras para superar las evaluaciones. Está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Luciano Benjamín Esteban, bioquímico, habría trabajado tanto en el ámbito público como en la Clínica Cristo Rey y habría utilizado sus conocimientos y su condición profesional para alterar resultados de laboratorio. También se le atribuye haber facilitado su sello profesional para respaldar documentación y haber vendido análisis que luego eran presentados en las oficinas de Acción Social. Está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica y asociación ilícita.
Hugo Humberto Massa, empleado municipal y propietario de una fotocopiadora cerca del hospital Enrique Romero, habría usado copias de membretes hospitalarios y firmas de médicos para confeccionar certificados presuntamente apócrifos. Según la Fiscalía habría evidencia para determinar que su intervención no se limitaba a realizar fotocopias, sino que conocía y participaba en la preparación de documentación presuntamente falsa. Está imputado por fraude a la Administración Pública, asociación ilícita y falsificación de documentos públicos.
Edmundo Dante Salazar, exjefe de una oficina de ANSES en El Quebrachal la cual ocupó desde el 27 de enero de 2021 al 18 de enero de 2024, habría facilitado claves de acceso al sistema a personas ajenas al organismo, permitiendo que terceros pudieran cargar documentación relacionada con pensiones. Se encuentra imputado por fraude a la Administración Pública, asociación ilícita falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Luis Alberto Verón, médico, con consultorio privado, habría realizado certificados médicos utilizando diagnósticos previamente establecidos, y en algunos casos, sin efectuar los estudios o comprobaciones necesarias. Está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica y asociación ilícita.
Humberto Brisuela Mendoza, se le atribuye la participación en el esquema de presuntas pensiones fraudulentas y específicamente fraude a la Administración Pública, falsedad de instrumento y asociación ilícita.
Diego Augusto Ocampo, médico traumatólogo, propietario de una clínica en Joaquín V. González, habría confeccionado documentación para personas que no reunían los requisitos y habría cobrado por consultas, estudios y certificaciones. Está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica y asociación ilícita.
Manuel Rodolfo Córdoba, empleado municipal de Joaquín V. González, habría tenido funciones relacionadas con la toma y procesamiento de datos y documentación de los beneficiarios. Está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
José Wilson Muñoz Torres, médico, habría intervenido en la documentación médica necesaria para las pensiones y mantenido vínculos con otros integrantes del esquema. Está imputado por fraude a la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Luis Casares, empleado del área de Acción Social del Centro Integrador Comunitario de Joaquín V. González, habría recibido documentación proveniente del circuito médico y la incorporaba al sistema. También habría intervenido en la entrega de copias de historias clínicas necesarias para que médicos actualizaran la documentación. Casares está imputado por fraude a la Administración Pública, falsedad ideológica, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
