El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo ampliará su indagatoria este miércoles, en un proceso que investiga presuntos desvíos de fondos y obras de viviendas sociales inconclusas
Sergio Schoklender pidió ampliar su declaración indagatoria este miércoles en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, que investiga un presunto fraude por el desvío de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Esta será la segunda oportunidad en que el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo haga uso de su derecho a la defensa ante el Tribunal Oral Federal 5, compuesto por los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico.
Cuando declaró en el inicio del debate dijo que la Fundación funcionaba como un aparato militante del kirchnerismo, por orden de Hebe de Bonafini, fallecida en 2022.
Sostuvo que la ex presidente de Madres usaba los recursos recibidos para movilizar a la gente contratada y asistir a actos y eventos políticos. Indicó que Bonafini “estaba cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes”.
También señaló que “Néstor Kirchner, vaya uno a saber si por convencimiento o por qué motivo, apoyaba este programa. Entonces nadie se animaba a demorar pagos ni a pedir coimas; ya después de que él se murió, la cosa se desbandó”.
Schoklender es uno de los nueve imputados acusados de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, junto con su hermano Pablo Schoklender, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario Abel Fatala.
La lista se completa con otros procesados señalados como partícipes secundarios: Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin.
El programa “Sueños Compartidos” se implementó en Tigre, Ezeiza, Bariloche y Rosario, la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones.
En las últimas semanas declararon varios testigos que mencionaron cómo fue su relación con la Fundación Madres de Plaza de Mayo y su exapoderado, Sergio Schoklender.
Marcela Leiva, una ex militante del movimiento de Emerenciano Sena en Chaco, que trabajó en uno de los obradores que formaban parte del programa de construcción de viviendas sociales, aseguró que por su tarea en el pañol del obrador advirtió que “se perdían elementos, como por ejemplo cargas de cemento o un camión con cocinas”.
Además se quejó porque los trataban “como animales”. Según detalló se atrasaron en los pagos, los hacían cumplir horarios inusuales, largas jornadas, les pedían dinero a los empleados y les daban “alimentos que eran una cosa asquerosa”.
La mujer precisó que “no le caía bien a Schoklender, porque creo que le hinchaban soberanamente las pelotas mis reclamos”. Contó que en medio de una discusión, él le dijo que el problema con ella “se solucionaba a mil metros y con una mira telescópica”.
Otra testigo, Miriam Aquino, representante de una asociación barrial beneficiaria de viviendas sociales, relató que tras un incendio que destruyó 460 casillas en el asentamiento Villa Cartón, Schoklender les ofreció crear una entidad para reconstruir sus casas.
Sin embargo, tiempo más tarde Aquino denunció que, pese a haber rescindido el convenio que les propuso el entonces apoderado de la Fundación, aparecieron documentos supuestamente falsificados.
El perito Ingeniero Civil de la Corte Suprema, Francisco Guzmán, afirmó que las viviendas sociales construidas a través de convenios con la Fundación “no estaban en condiciones de ser entregadas”.
Describió una inspección en un barrio construido en Bariloche, donde en una casa descubrió que “la familia se calefaccionaba con un tacho de chapa, el agua la tomaban de otra vivienda y la conexión de electricidad era precaria”.
La perito contable María Eleonora Feser remarcó que los libros de contaduría sobre los que trabajaron habían sido completados por la propia Fundación, pero muchos de los asientos registrados no estaban respaldados por la constancia de una factura, recibo o datos de transferencias.
