Ayer se produjeron allanamientos simultáneos en la ciudad de Tartagal, en la causa por estafas al estado nacional en cuanto al Plan Acompañar y el cobro irregular de comisiones a los beneficiarios de ese programa social.
Los operativos fueron desarrollados por la Gendarmería Nacional en la oficina de Genero y Diversidad que funciona en la terminal de colectivos de Tartagal y en el domicilio de Cordero en barrio Roberto Romero, a solicitud de la justicia Federal, fuero al que derivaron las denuncias realizadas por el Concejal Nicolás Arce, en primer momento y luego por G. Arias una de las víctimas de la posible Asociación Ilícita, que se habría conformado en el ámbito de la oficina que dirigía Carla Cordero, una de las funcionarias más cercanas y de mayor confianza del Intendente Mario Mimessi.
El mandatario municipal también quedó en el ojo de la tormenta por esta causa, sospechado de su inacción, por su vínculo «muy cercano» con Carla Cordero, pero sobre todo por no haberle pedido la renuncia, ni haberla removido del cargo luego de que salieron a la luz las graves denuncias por parte de las presuntas víctimas, las cuales fueron cada vez más numerosas conforme pasaron los días desde la primera denuncia mediática conocida.
Las partes denunciantes que solicitaron constituirse en querellantes, mencionaron que la investigación de la justicia además de solicitar la lista de beneficiarios, debe avanzar hacia buscar a todos los responsables que conformaron la operatoria delictiva y para ello, se debe ampliar la investigación y posterior imputación a Victoria Bonillo, actual Secretaria de Desarrollo Humano y jefa de Cordero, pero según sostuvo Sarah Esper, abogada de Arias, que la justicia debe investigar a Margarita Rauch quien es actual Concejal de la UCR y tuvo antes a su cargo el área de Desarrollo Humano.