El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, confirmó que presentó junto al intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, un recurso de amparo contra la Resolución 5910 de ARCA, al considerar que perjudica la actividad comercial y la recaudación de los municipios fronterizos.
Zigaran cuestionó que las disposiciones se establezcan desde Buenos Aires sin contemplar, según su postura, la realidad económica de las localidades que dependen del intercambio comercial con Bolivia.
“Hemos presentado un amparo contra la Resolución 5910, que la toman desde Buenos Aires y perjudica a todos los pueblos o municipios de frontera, no solo de Salta, sino también de Jujuy, Formosa, Corrientes y Misiones”, expresó.
El funcionario sostuvo que las limitaciones afectan especialmente la comercialización de productos como trigo, soja y maíz, que representan una importante fuente de ingresos para Salvador Mazza.
Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades locales es el impacto económico que podrían tener las restricciones sobre las finanzas municipales.
Según Zigarán, dos tercios de los salarios municipales de Salvador Mazza se financian con recursos provenientes de la actividad comercial fronteriza.
“Perjudica la recaudación de Rentas de la Provincia y del municipio. Dos tercios de los sueldos municipales de Mazza se pagan por esa recaudación”, afirmó.
Además, cuestionó las limitaciones para trasladar mercadería en determinados volúmenes. “No se pueden comercializar bolsas mayores a 10 kilos. No podés pasar una bolsa de harina o de azúcar de 25 o 50 kilos”, señaló.
En ese sentido, consideró que las disposiciones reducen considerablemente las posibilidades de venta a los compradores bolivianos. “Prácticamente nos limitan a hacer un kiosquito para la gente de Bolivia que viene a comprar”
El interventor también advirtió que, si se mantienen las restricciones, parte del movimiento comercial podría desplazarse hacia pasos alternativos de la extensa frontera con Bolivia.
Zigarán se refirió también a las protestas y bloqueos del puente internacional por parte de trabajadores dedicados al traslado de mercadería.
Según explicó, más de 1.500 bagayeros bolivianos, organizados en cooperativas, dependen de esta actividad para sostener sus ingresos.
“Cuando ellos dicen que hay corte de puente, hay corte de puente. Son más de 1.500 bagayeros bolivianos que están identificados con cooperativas, cada uno tiene su carrito y vive de esto”, manifestó.
El funcionario señaló que las modificaciones no solo afectan a los comerciantes, sino también a quienes trabajan transportando productos entre ambos países.
“De la noche a la mañana les cambian las reglas del juego a las fronteras”, cuestionó.
