Mientras el tribunal local absolvió sin dudar al histórico cacique de Morillo, la máxima instancia penal dejó al descubierto las severas fallas del fallo salteño y lo responsabilizó por el saqueo y contrabando de rieles.
La Cámara Federal de Casación Penal dio un vuelco determinante en uno de los casos de corrupción e infraestructura más escandalosos de la provincia al anular la absolución del ex intendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Atta Miguel Gerala, declarándolo penalmente responsable como partícipe necesario de los delitos de contrabando agravado y robo agravado por la sustracción y tráfico ilegal de rieles del ferrocarril.
El fallo de la Sala IV, dictado este viernes por mayoría con los votos de los jueces Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo —con la disidencia de Alejandro Slokar—, dio lugar al recurso planteado por el Ministerio Público Fiscal y revocó la resolución del Tribunal Oral Federal N.° 2 de Salta, que en abril pasado había beneficiado al exjefe comunal.
Con esta decisión, la Justicia Federal no solo corrigió el criterio aplicado en la sede local por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano, sino que también ordenó a la Oficina Judicial de Salta avanzar de inmediato con los trámites para convocar a la audiencia donde se determinará la cantidad de años de prisión que deberá cumplir el ex intendente.
La impugnación que derivó en este revés judicial fue liderada por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar Roxana Gual, con el posterior sostén en Buenos Aires del fiscal Raúl Pleé, quienes cuestionaron con dureza la sentencia absolutoria del tribunal salteño por considerar que se aplicó el beneficio de la duda tras una evaluación aislada e insuficiente de las pruebas.
En su análisis, la mayoría integrada por Petrone y Carbajo coincidió con la acusación al señalar que el tribunal de origen exigió erróneamente acreditar una intervención directa de Gerala, desconociendo el peso crucial de la prueba indiciaria en tramas complejas de corrupción donde se entrelazan la función pública y el crimen organizado.
De este modo, Casación encuadró la conducta de Gerala como contrabando agravado por la concurrencia de tres o más personas, la participación de un funcionario público y el elevado valor de la mercadería, en concurso real con el delito de robo agravado por ejecutarse en despoblado y en banda.
La resolución genera un fuerte impacto en el departamento Rivadavia y en el panorama político provincial, donde la desarticulación y saqueo del trazado ferroviario no solo representa un delito económico, sino un golpe directo a la conectividad y al patrimonio histórico de una región relegada que exigía respuestas contundentes de la Justicia Federal.
