El caso de Salta es paradigmático. Dos ejemplos nos permiten denunciar que, en Salta, la transparencia fue puesta en cuarentena.
Conocer por ejemplo cuanto lleva gastado la Provincia de Salta para hacer frente a la pandemia es una tarea imposible, a pesar de las normas que establecen la obligatoriedad de publicar en la página web de la Secretaría de Contrataciones y en el Boletín Oficial, cada una de las contrataciones que realiza el Gobierno con nuestros recursos.
El estado de emergencia declarado mediante decreto, si bien facultó al Gobierno de Salta a comprar bajo el mecanismo de la contratación directa o abreviada, no lo exime, por supuesto de su obligación de rendir cuentas. Sin embargo y tal como pudimos constatar a partir de los relevamientos que realizamos para elaborar los informes de la Red Ruido, red que nuclea a periodistas y especialistas en datos abiertos de todo el país, las contrataciones en tiempos de emergencia en Salta se hicieron en gran parte bajo las sombras del secretismo.
El primer informe de la Red Ruido fue publicado el 28 de marzo de 2021, y el relevamiento abarcó el período comprendido entre marzo y diciembre de 2020.
La Provincia de Salta se ubicó en aquella ocasión en el ranking de las provincias menos transparentes, ya que no fue posible a través de sus portales web acceder a la información sobre las adjudicaciones finales de las contrataciones realizadas y porque el Gobierno no respondió a los pedidos de acceso a la información que se le formularon.
Dicho informe reveló además que la escasa información sobre contrataciones Covid 19 en Boletín Oficial salteño no es de fácil acceso ya que las mismas no se encuentran debidamente identificadas.
Aquel informe reveló también que la publicación sobre adjudicaciones que realiza el Boletín Oficial es incompleta. En casi la totalidad de las publicaciones relevadas durante el 2020 no se indicaron las unidades, ni tampoco las características, marcas, etcétera, de los productos adquiridos, ni el precio por unidad. Ello obliga a buscar la información faltante en el portal de compras y contrataciones y compulsar los pliegos publicados en formato PDF, en algunas ocasiones imposible porque los números de expedientes asignados a los procesos de contratación no siempre coinciden.
El segundo informe de la Red Ruido, publicado el 5 de agosto de 2021 y que se realizó en base a los relevamientos realizados durante el primer trimestre de 2021 es aún más preocupante.
Entre enero y marzo de 2021 constatamos que sólo se publicaron 24 adjudicaciones en el Boletín Oficial de Salta correspondientes a 5 organismos. ¡Sí, sólo 24 adjudicaciones!
En respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que realizamos, la Secretaría de Contrataciones de la Provincia señaló que no interviene en la totalidad de las operaciones, sino sólo en aquellas que superen los 200 jornales y en la etapa previa a la adjudicación. Por lo tanto, no cuenta con resoluciones de adjudicación en sus registros, ya que dichos actos administrativos son emitidos por cada organismo contratante.
Sin perjuicio de ello, se nos informó que nuestras solicitudes de información relativas a la totalidad de las adjudicaciones realizadas fueron transmitidas al Ministerio de Salud Pública, en función de tratarse de contrataciones de dicha cartera ministerial, en miras a que brinde la información solicitada.
Sin embargo y a pesar de dicha intervención de la Secretaría de Contrataciones, a la fecha no obtuvimos respuesta a los pedidos de información, lo que nos impide conocer los detalles de todas las contrataciones realizadas en ese período.
Gastos en publicidad oficial en tiempos de pandemia
Los gastos en publicidad oficial también son secretos. Y para lograr el secretismo en materia tan sensible, el Gobierno encontró maliciosamente en la pandemia, la excusa perfecta.
En agosto de 2020 publicamos en Salta Transparente el informe de los gastos en publicidad oficial correspondientes a los primeros meses de aquel año.
En aquel informe hicimos público que a pesar de la pandemia y la grave crisis económica por la que atravesaba (y atraviesa) la provincia, el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, gastó en tan sólo siete meses (entre enero y julio de 2020), $ 239.930.329 en publicidad oficial, esto es $ 1.142.525,37 por día.
El informe causó indignación en la sociedad y no le cayó bien al Gobierno. A partir de allí, la Secretaría de Prensa y Comunicación optó por no dar respuesta en lo sucesivo a nuestras solicitudes de información. Para hacer frente a nuestros reclamos solicitó prórrogas e inventó excusas. El Secretario a cargo de esa dependencia, Víctor Lamberto, hoy diputado electo, llegó a decir que por la pandemia no contaba con personal suficiente para recabar la información que le solicitábamos. Hoy nuestro reclamo está en manos de la justicia, en un proceso accidentado y lento en virtud de las curiosas chicanas abogadiles desplegadas por el Gobierno para dilatar lo máximo posible su obligación de informar. Por lo pronto lograron que la información sobre sus gastos en publicidad se mantenga en secreto durante la campaña electoral.
En conclusión:
La pandemia fue causa de muchos males, y en materia de transparencia trajo oscuridad e impunidad. Ello a pesar de que, a fines de 2019, la Provincia de Salta adhirió por ley, a la Ley Nacional 27275, norma esta que introdujo en nuestro país altos estándares en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En lo formal, y virtud de esa adhesión, algún inadvertido observador podrá vernos desde afuera como una provincia ejemplo en materia de transparencia, pero en la práctica nos encontramos entre las más opacas.
