a pericia contable presentada en el juicio que llevan a cabo contra los hermanos Ernesto y Aldo Gonza, expuso irregularidades en el manejo de fondos municipales.
La denuncia fue impulsada por el actual intendente de San Lorenzo tras asumir su primer mandato y ordenar una auditoría sobre la gestión de su antecesor, Ernesto Gonza. La investigación sostiene que el ex jefe comunal y otros imputados habrían administrado de manera discrecional los recursos municipales, incumpliendo normas vigentes, sin rendición de cuentas y ocasionando un perjuicio al erario público.
La fiscal penal Claudia Geria representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio contra ex funcionarios del municipio de San Lorenzo, acusados por distintos delitos en perjuicio de la administración pública. El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello.
Este viernes declararon los últimos testigos y se destacó la exposición del perito contable del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quien presentó ante el Tribunal una serie de conclusiones técnicas que evidencian importantes irregularidades en la administración financiera del municipio de San Lorenzo durante el período analizado, todo ello en base a la documentación que tuvo a la vista.
En primer término, la experta señaló que no se encontraban presentadas las Cuentas Generales del Ejercicio correspondientes a los años 2018 y 2019, ni existían registros completos de Ejecución Presupuestaria, lo que impidió verificar la planificación y aplicación de los recursos públicos. Tampoco se halló documentación suficiente que permitiera reconstruir la ejecución del gasto en esos períodos.
En relación a las contrataciones, la perito indicó que no se encontró respaldo que acredite procedimientos legales de adquisición de bienes. No se verificaron licitaciones, concursos ni contrataciones directas justificadas, detectándose compras de distintos bienes —como tablets, televisores, estufas y una camioneta— sin cumplimiento de los mecanismos exigidos.
Respecto del control patrimonial, sostuvo que no existía inventario de bienes ni registros que permitieran identificar su incorporación, valor, ubicación o responsables, lo que impidió determinar su trazabilidad.
Uno de los puntos centrales fue el manejo de fondos en efectivo. A partir de la documentación analizada, la perito detectó un sistema de vales y recibos para registrar salidas de dinero, sin respaldo suficiente.
Asimismo, se identificaron erogaciones bajo conceptos no presupuestarios, como “campaña electoral”, “apertura campaña” y “elecciones”, las cuales no correspondían a adelantos de sueldo, ya que las remuneraciones se abonaban por vía bancaria sin descuentos.
La experta remarcó que el uso de efectivo no era el mecanismo adecuado para este tipo de pagos, indicando que debían realizarse mediante instrumentos formales. En esa línea, afirmó que no existían controles básicos como arqueos de caja, conciliaciones bancarias ni registros contables, lo que impedía verificar los movimientos financieros.
También explicó que los ingresos municipales deben ser depositados diariamente, aunque de la documentación analizada surgió un uso reiterado de dinero en efectivo por fuera del circuito bancario.
En cuanto a los fondos destinados a programas sociales, indicó que existían saldos pendientes en años anteriores, pero advirtió que la situación se agravó hacia el final del período, cuando prácticamente no se registraron rendiciones, pese a tratarse de recursos con destino específico.
Respecto de las retenciones impositivas, señaló que el municipio no ingresó en tiempo y forma los montos retenidos a proveedores, generando una deuda que luego fue regularizada mediante un plan de pago.
Finalmente, indicó que el acta de corte solo reflejaba la situación al momento del traspaso de gestión, sin registros históricos que permitieran reconstruir la evolución financiera.
Como conclusión, la perito sostuvo que la administración municipal presentaba un sistema caracterizado por el uso intensivo de efectivo, la ausencia de controles, la falta de documentación respaldatoria y el incumplimiento de las normas legales, lo que derivó en pagos sin respaldo, gastos no presupuestados, irregularidades en las contrataciones y falta de rendición de fondos.
Tras la investigación llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), el ex intendente Ernesto Fernando “Kila” Gonza fue imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. En tanto, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.
Se prevé que entre el lunes y el martes de la próxima semana se lleven a cabo las declaraciones de los imputados y los alegatos de las partes, de manera previa al veredicto.
