Poco antes del receso invernal, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto que sorprendió a diputados oficialistas y opositores porque ningún ministro o secretario lo había anticipado ni se había reunido con los bloques o comisiones de trabajo legislativo. El proyecto en cuestión establece la prohibición de sacar de la provincia “productos forestales correspondientes a especies nativas, sin haber sido aquellos sometidos previamente a un proceso de industrialización que les otorgue valor agregado”. Su objetivo es ponderable: generar trabajo y agregación de valor a las materias primas salteñas antes de su comercialización fuera del territorio provincial.
Pero la pobreza normativa y la falta de gestión política hicieron que la iniciativa terminara, durante varias semanas, en un cajón del escritorio del presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat. En rigor de verdad, siempre bajo la lógica que los proyectos del gobierno no se analizan sino que se aprueban, apenas lo recibió, Amat lo incorporó al acata de labor parlamentaria para su tratamiento. Pero no tuvo buena recepción y el proyecto no se debatió entonces y quedó a la espera durante semanas.
Antes, cuando era esperable su aprobación, algunos empresarios se expresaron preocupados por la iniciativa. “Con es misma lógica, mañana nos prohíben vender novillos gordos si no los faenamos en la provincia” advirtió un dirigente rural y añadió que “lo mismo pueden querer hacer con productos agrícolas”. El mismo razonamiento hicieron ejecutivos de compañías mineras de capitales multinacionales y, muy por lo bajo, consideraron que “la ley es peligrosa”.
Y en el sector forestal a quien se pretende beneficiar con esta ley de industrialización local también expresaron reparos. “La idea es buena, pero le falta desarrollo” indicaron empresarios madereros y reflexionaron que “no creemos que la industrialización se dé por la negativa sino por la positiva, antes de prohibir la exportación hay que generar las condiciones para que se instalen más aserraderos y fábricas de muebles en la provincia”.
Buena parte de la ya histórica pobreza de Salta se explica, justamente, por la falta de emprendimientos productivos que generen empleos de calidad y aporten valor a los recursos naturales de la provincia. Salta tiene, por caso, 1,3 millones de cabezas de ganado y apenas 3 frigoríficos y 4 plantas lácteas. Y no tiene molinos harineros y trapiches aceiteros para industrializar la totalidad de su generosa cosecha de cereales, oleaginosas y legumbres. Y el sector maderero, que décadas atrás aportaba el 40% del PBI salteño y ahora sólo genera el 3%, tampoco tiene actualmente la capacidad de absorber toda la producción forestal nativa.
El proyecto de ley firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y el secretario de la Gobernación, Matías Posadas, es bienintencionado. Pero (tiene apenas cuatro artículos y uno es de forma: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo) carece del rigor necesario para, una vez discutido y aprobado, generar las condiciones de desarrollo agroindustrial que la provincia requiere. Semanas después, de cualquier modo, recibió la media sanción de Diputados y ahora espera la aprobación del Senado.
Una muestra más de esa falta de rigor en la gestión se observó una semana después del tratamiento fallido del proyecto de industrialización: el gobernador y los ministros de Economía y de Turismo, Roberto Dib Ashur y Mario Peña, realizaron grandilocuentes anuncios de obras para el Dique Cabra Corral y su zona de influencia.
“Nuestro desafío es poner en valor este lugar emblemático, que es un punto de referencia tanto para los salteños como para los turistas, el Cabra Corral se convertirá en un gran polo de desarrollo regional” aseguró el mandatario provincial durante la presentación del proyecto de puesta en valor del espejo de agua “que beneficiará turística y económicamente a los municipios de Moldes y El Carril y a todo el Valle”.
De nuevo, el proyecto es bienintencionado. Pero le falta rigor al punto que el propio Sáenz tuvo que reconocer que “la decisión política ya está tomada, ahora se gestiona el financiamiento para la ejecución de las obras”.
