Los narcotraficantes viven tranquilos en Salta mientras aumentan los niveles de inseguridad crece en forma alarmante en toda la provincia. Jueces, policías y políticos se ven envueltos en casos resonantes de narcotráficos y la Justicia no da respuesta.
La enorme cantidad de droga incautada, las proyecciones de las que lograron burlar el control de las fuerzas de seguridad, los asesinatos y el peso de los implicados en las instituciones republicanas y la policía, lleva a muchos a considerar a salta, como la “Sinaloa del hemisferio sur”.
Mientras uno de los magistrados federales más corruptos de la historia, el ex juez Carlos Reynoso pasea y juega tranquilo al futbol en la Ciudad de Salta.
El fiscal federal Carlos Amat aseguró que Reynoso “está libre. Parece que volvió a una actividad normal, que sus dolencias médicas eran una máscara, como digo, para que la gente se compadezca y se lo pueda mandar a casa”, dijo sobre cómo se logró que el ex juez no permanezca en la cárcel.
Dicho esto, Amat mencionó que dentro del anterior Código Procesal Penal de la Nación se preveía libertad condicional al no estar una sentencia firme, pudiendo salir en esos términos. “Hoy el señor Reynoso está libre, con algún tipo de restricción por una causa donde volvió a ser condenado y otra que será elevada a juicio en cualquier momento”, dijo el fiscal.
Pero no es único caso dentro de la Justicia en que un juez tienen una connivencia con el narcotráfico, desde hace unos siete meses se investiga al juez Carlos Parisi. La Unidad Fiscal integrada por las fiscales Mariana Torres y Alda Daniela Murúa y el fiscal Carlos Salinas solicitó también la detención del juez.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que el pedido, elevado al juez de Garantías Raúl López, se fundamenta en que las acciones de estos hombres entorpecieron la investigación. La fiscalía sostiene que el magistrado dio acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y comunicó al intendente de Aguas Blancas, Carlos Martínez, a través de mensajes de WhatsApp, que la fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados.
La Unidad fiscal también requirió que se solicite autorización de la Corte de Justicia de Salta para allanar el domicilio del juez Parisi, con el objetivo de “secuestrar elementos clave que permitan avanzar en la investigación”.
Según explicó el MPF, la intervención de la Corte es necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, que está imputado por “violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional”.
El juicio por asesinato de Darío Monges desnudó una peligrosa connivencia entre el narcotráfico y algunos sectores del poder político de Salta. El proceso que se lleva a cabo en Ciudad Judicial dejó en claro, tanto para acusadores y acusados, que este fue un crimen mafioso.
Otro caso que desnudó el alcance de la la red de narcotráfico en Salta, es el del asesinato de Darío Monges, quien era colaborador, según fuentes investigativas citadas por los medios y ratificado en el proceso, del actual intendente de la localidad de Vaqueros, Daniel Moreno. También trabajó y colaboró con Mario Moreno, hermano del intendente de Vaqueros y ex diputado provincial. El ex funcionario salteño fue pionero y director del programa Escuelas Municipales de Boxeo durante la gestión del ex intendente capitalino Miguel Isa.
Monges fue asesinado el 2 de septiembre de 2022, unos meses viajo a la localidad norte de San Ramón de la Nueva Orán, para en la cárcel del lugar entrevistarse con el sicario Oscar “El Cabezón” Díaz. Se hizo pasar por abogado y logró entrar gracias a sus aceitadas relaciones con funcionarios provinciales. El encuentro se realizó el 2 de junio de 2022.
Poder entrar a un penal y reunirse con un reconocido sicario es algo muy difícil, pero este encuentro fue facilitado por Ángel Sarmiento, que por esos años se desempeñaba como director general de políticas penales de la provincia, a instancia de un pedido personal del que era secretario de Seguridad de Salta, Benjamín Cruz.
La víctima, que vendía droga en la provincia, tenía una larga relación de amistad con Cruz y fue uno de sus principales punteros políticos dentro de la estructura del peronismo local.
Benjamín Cruz dejó la secretaria de Seguridad y luego fue funcionario de la ex intendente Betina Romero y posteriormente candidato a intendente de la localidad de San Lorenzo por la lista del actual gobernador Gustavo Sáenz.
A todo esto el poder narco es cada vez más evidente tras la amenazas contra el procurador de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, quien debe lidiar con causas cada vez más complejas, como la de la banda de narcopolicias que fueron descubiertos en un operativo de Gendarmería Nacional en la localidad salteña de Aguaray con 420 kilos de cocaína.
Mientras tanto la droga sigue corriendo por todos los rincones de la provincia de Salta y los hermanos Castedos, los mayores narcos del país, siguen manejando el negocio desde la cárcel y sus paquetes con el sello de un delfín, circulan por el país.
