Personas acusadas de corrupción de menores, asociación ilícita, fraude, torturas, peculado, robo a mano armada, calumnias y fraude a la administración pública fueron habilitados para ser candidatos a intendente en las próximas elecciones. Para Justicia la falta de moral no es un motivo para inhabilitar una postulación.
Chicho Mazzone, en El Bordo, Manuel Cornejo en Campo Quijano, Julieta Valencia y el “Kila” Gonza en San Lorenzo y finalmente la ciudad más afectada es la de Rosario de la Frontera en el sur salteño, que entre sus candidatos lleva a Gustavo Orozco, Kuldeep Singh y Gustavo Solís, que busca su reelección, todos ellos con problema en la Justicia, son parte de la gigantesca oferta electoral de este baño.
En Salta, el artículo 1° de la Ley 8.275 expresamente establece que “no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena”, pero la cuestión moral no es tenida en cuenta por la ley o la Justicia.
“Chicho” será candidato a pesar de la condena por corrupción de menores. Juan Rosario “Chichi” Mazzone, fue destituido en 2015 de la intendencia de El Bordo después que se filtraran fotografías de él en ropa interior con menores en su casa, lo que lo llevó a una condena. La Justicia Electoral lo autorizó a competir.
Aunque fue destituido en 2015 y condenado por corrupción de menores dos años más tarde, Juan Rosario “Chicho” Mazzone buscará en las próximas elecciones volver a gobernar el municipio de El Bordo, en Salta.
En su fallo, el Tribunal Superior Electoral de Salta dio sus fundamentos para habilitar la candidatura de Mazzone. «Del propio texto de la norma surge que la prohibición está sujeta al cumplimiento de dos condiciones, la primera, que la persona se encuentre condenada, y la segunda, que la pena impuesta no se haya agotado. Es decir, no basta el hecho de la condena, sino que se exige además que la pena no se encuentre cumplida», reza el texto oficial.
Pablo Finquelstein, secretario del Tribunal. «Las valoraciones ético morales no podían en esta instancia resultar en la creación de un requisito distinto del que establece la ley y la Constitución y se autorizó su postulación. Obviamente se trata de un delito grave», dijo el funcionario judicial, en otras palabras: no importa si es buena o mala persona.
El ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, se encuentra imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado. Sin embargo, en las últimas semanas, de supo que volvería a postularse como candidato para recuperar el municipio.
Una de las grandes contradicciones de la Justicia es que debido al delito y el estado en que se encuentra la causa, Cornejo no puede mantener reuniones o actividades que estén ligadas al personal de la Municipalidad de Campo Quijano, ni puede acercarse a 300 metros del edificio de la comuna, y mucho menos tener relación con posibles testigos vinculados a los hechos.
Ernesto “Kila” Gonza, ex intendente de San Lorenzo, recibió una pena de 3 años de prisión condicional, por fraude y peculado. También fue inhabilitado de forma perpetua para el ejercicio de cargos públicos, pero ahora es candidato a jefe comunal.
Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela González, condenaron al “Kila” Gonza, a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por dos hechos de tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública, y por peculado de trabajos y servicios.
Los jueces y la jueza dispusieron que a partir de que la condena quede firme para los dos imputados, ambos deberán cumplir reglas de conducta que consisten en fijar domicilio y comunicar cualquier cambio; someterse al control del Programa de Reinserción de Presos y Liberados; no cometer nuevo delito; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral o profesional; adoptar oficio, arte o profesión adecuado a su capacidad.
En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta, podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena, que pasaría al cumplimiento de prisión efectiva.
Julieta Valencia, candidata a intendente de San Lorenzo, junto a María Agustina Rodríguez, ambas conductoras del programa Opiniones Sanlorenceñas, fueron condenadas a pagar $ 250 mil pesos cada una en concepto de indemnización sustitutiva por daño moral, al concejal Juan Pablo Dávalos, además, ordenó que se eliminen de la plataforma Facebook y demás medios masivos de comunicación, los programas televisivos relacionados a Dávalos.
El municipio que ostenta el record de candidatos con problemas con la Justicia, es Rosario de la Frontera. Gustavo Solís va por la renovación, mientras que Gustavo Orozco y Kuldeep Singh, son sus opositores, en este caso es una “pelea entre malos”.
Uno de los candidatos opositores más fuertes es el diputado Gustavo Orozco, quien está acusados de privación ilegítima de la libertad y torturas.
Además, también estará como postulante, Kuldeep Singh, quien fue expulsado de la Cámara de Diputados en el año 2018 por vinculación con delitos a mano armada.
En tanto a Solís, se lo imputa por parte de una asociación ilícita. Junto a otros cinco empleados, entre ellos su hermana, quien se desempeña como secretaria de Haciendas del municipio, fueron acusados de integrar una organización delictiva formada con la única intención de defraudar al municipio rosarino.
La investigación, que ahora tiene al actual intendente Gustavo Solís Mónico como principal imputado, se había iniciado en 2019 a partir de la denuncia de personas que se quejaron porque se había utilizado sus identidades para generar la adjudicación de planes sociales, sin que ellos estuvieran al tanto y, mucho menos, hubieran cobrado algo de ese dinero.
Por este hecho, el 30 de mayo de ese año, la fiscalía penal de esa localidad formalizó una imputación contra un funcionario vinculado al intendente. La misma fue el cobro irregular de planes sociales en ese municipio. Ahora, a más de dos años, se amplió la imputación y alcanzó al jefe comunal y otros funcionarios de su gestión.
