A raíz de la delicada situación que se está viviendo en la ciudad de Rosario, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas este jueves.
Luego de lanzar el Comité de Crisis el 7 de marzo pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, solicitaron al Ministerio de Defensa el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior en la ciudad de Rosario.
Así, confirmaron la aprobación de ”Las Reglas de Empeñamiento”, donde se recita que su objetivo es ”para orientar las acciones del personal militar de acuerdo al marco legal vigente, en las cuales se deben resguardar la libertad, la vida de los ciudadanos, del personal y el patrimonio del Estado asignado a cada Fuerza, los derechos y garantías de terceros y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.
”Que las Fuerzas Armadas se encuentran comprometidas con su labor conforme el Sistema Republicano, siendo valoradas por la sociedad en su conjunto, máxime por el desempeño en las continuas operaciones de apoyo a la comunidad, tanto en desastres naturales que se suceden continuamente en todo nuestro territorio, como también en el desempeño en la reciente pandemia de Covid-19, a través de la Operación General Manuel Belgrano. Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que le compete”, completa.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este miércoles la puesta en marcha de un reglamento general para el empleo de las armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, durante una conferencia de prensa que brindó este mediodía. La resolución fue publicada esta noche en el Boletín Oficial.
Bullrich aseguró que el reglamento, dispuesto mediante una resolución que será publicada este jueves en el Boletín Oficial, “plantea de manera imperativa contar con pautas claras para el uso del armamento por parte de las fuerzas y esto se da cuando existe un peligro inminente”.
Tras las acciones desplegadas ante los casos de violencia ocurridos en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Bullrich aseguró en la conferencia que “las fuerzas estaban muy desorientadas respecto al uso de su armamento, por eso estamos anunciando un reglamento general para uso del armamento por parte de las fuerzas”.
La implementación se dará cuando exista un “peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos frente a un ataque para impedir la comisión de un delito cuando es particularmente grave, cuando un delincuente ponga resistencia a la autoridad o para impedir que se fugue”.
Respecto al uso de armas, la funcionaria especificó que “las armas las van a poder utilizar en las situaciones en las que resulte imposible la utilización de otros medios. Esto es siempre así, hay un concepto de la progresividad. Si se puede no utilizar el arma no se lo utiliza”.
En ese marco, Bullrich relató que “hace unos días dotamos a la Prefectura de la posibilidad del uso de armas largas de calibre policial, por supuesto, en los ríos de frontera donde estaban recibiendo ataques permanentes. Ahora esto va para las cinco fuerzas federales”.
La resolución 125/24 que reglamenta la medida anunciada por Bullrich fue publicada esta noche en el Boletín Oficial.
El gobierno nacional continúa sus esfuerzos por mediar la escalada de violencia narco en Rosario y, en ese sentido, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que enviará al Congreso un proyecto para de ley de extinción de dominio. Desde su cartera reafirmaron el compromiso por “acelerar los procesos de decomiso y remate de bienes provenientes del narcotráfico”.
Durante la presidencia de Mauricio Macri se había debatido una iniciativa similar que apuntaba contra los funcionarios con procesamiento firme en casos de corrupción con el objetivo de la extinción de sus propiedades.
Otra de las reformas que buscará implementar Cúneo Libarona será implementar el Sistema Acusatorio en la provincia de Santa Fe, luego de que el DNU que firmó el presidente Javier Milei le quitara esa facultad al Congreso.
Según explicaron, a partir de esta normativa apuntan a “perseguir” penalmente al crimen organizado y en especial el narcotráfico, brindar apoyo a jueces y fiscales para la realización de investigaciones y que las causas vinculadas al tráfico de estupefacientes sean “rápidamente elevadas a juicio”.
También está previsto que el Ministerio Público Fiscal se haga cargo de “investigaciones más complejas, con su reconocido esfuerzo”.