La Universidad Nacional de Salta se niega enviar información sobre el estado académico de los estudiantes que quieren acceder al pase libre de SAETA. En tanto la Universidad Católica cumplió con el pedido.
Por disposición de la AMT se modificó la normativa para acceder al “boleto estudiantil” de la región metropolitana mediante la resolución 13/24, en la cual se exige a los estudiantes que deben tener al menos dos materias aprobadas en los últimos doce meses para renovar el beneficio.
Esta medida se tomó para poder optimizar el beneficio a los estudiantes universitarios de la provincia, pero la UNSa se niega a brindar la información necesaria para determinar quienes van a cursar materias y quienes no.
Fuentes de Saeta informaron que enviaron el pedido de la información académica a la UNSa y que, de la casa de altos estudios, “no enviaron la información” requerida para otorgar el pase libre, cosa que por ejemplo la Universidad Católica si cumplió.
Desde la empresa aseguran que se basan en la Resolución 217/08 en la que, la misma UNSa, exige como requisito la aprobación de “2 materias para poder votar”. Un requisito nada extravagante, ya que el beneficio debe ser para aquellos que están activos en la universidad, y no puede darse gratis a alumnos eternos o crónicos.
La falta de cooperación de la universidad estatal se debería más a una postura ideológica, ya que estaría defendiendo a cientos de “supuestos estudiantes” que usan en forma irregular el servicio gratuito de colectivos, en desmedro de los que si estudian.
Para justificar la negativa de informar, el vocero de la UNSa, Sebastián Aguirre Astigueta, aseguró que “la AMT se erige en policía académica”, e impidiendo que cientos de estudiantes puedan acceder al beneficio.
Desde Saeta indican que: “Dada la delicada situación económica, la nueva normativa introduce restricciones para optimizar el uso de recursos estatales y garantizar la sostenibilidad del programa. Este ajuste busca equilibrar la necesidad de mantener el beneficio del Pase Libre con la eficiencia en el uso de los fondos públicos, asegurando que el servicio continúe disponible para quienes más lo necesitan”
