El pasado miércoles, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9:30. Un testigo ventiló que Kila Gonza, cuando era intendente de San Lorenzo, le compró un vehículo, nunca hizo la transferencia y le llovieron las multas.
Junto a su hermano, actual concejal, Aldo Gonza, y el contador Rogelio Guaymás, son juzgados por delitos en perjuicio de la administración pública de la comuna.
En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez (apoderada de la comuna), quienes adelantaron que hoy se presentará el jefe comunal, Manuel Saravia.
El actual jefe comunal de San Lorenzo realizó la denuncia después de asumir, durante su primer mandato. Se llegó a esto después de una auditoría externa respecto de la gestión de su antecesor, Ernesto Gonza.
Dos testigos, padre e hija, residentes de Seclantas respondieron acerca de la venta de una camioneta Chevrolet color bordó, en noviembre de 2017, al entonces intendente de San Lorenzo, Ernesto Gonza. Se aclaró que el vehículo vendido no contaba con equipo de GNC.
El testigo contó que el acusado le pagó de contado y que tiempo después tuvo que hacer la denuncia de venta del rodado porque el nuevo titular no había hecho la transferencia y, al ir a renovar su carné de conducir, se enteró de que la camioneta tenía multas y estaba a su nombre. El testigo aportó el boleto de compra venta original.
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real.
El contador Rogelio Guaymás está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.
La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien luego de asumir -durante su primer mandato- dispuso la realización de una auditoría externa respecto de la gestión de su antecesor, Ernesto Gonza. El informe final reveló numerosas inconsistencias.
Según consta en la causa, el exjefe comunal incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión de la administración pública municipal.
De acuerdo al decreto de imputación, los coimputados habrían dispuesto en forma discrecional de los recursos municipales sin observar normas vigentes, lo que habría derivado en un grave perjuicio al erario municipal.
Estas maniobras habrían facilitado el manejo a voluntad de los fondos públicos. Esto, sumado a la falta de rendición de cuentas por parte del exjefe comunal al término de su mandato.
