El cobró por servicios sanitarios y universitarios para los extranjeros no residentes recibió un fuerte apoyo de gran parte de la población, así lo indica las encuestas efectuadas por medios de distintas provincias argentinas. Salta, pionera en cobrar por la atención médica en los hospitales públicos a extranjeros.
El reciente anuncio del gobierno nacional sobre el arancelamiento del servicio de salud y de educación universitaria para los estudiantes extranjeros no residentes fue muy bien recibido por gran parte de los ciudadanos argentinos. Según una encuesta realizada por Radio Mitre Buenos Aires, el 79% de los consultados esta de acuerdo con la medida, en tanto una similar efectuada por Infobae, asegura que el nivel de aprobación es superior al 80%.
Esta mañana el Ejecutivo, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley migratoria.
Si bien en el ámbito académico hay escepticismo con relación a la propuesta de reforma del régimen migratorio que comunicó el vocero presidencial, en Salud la situación es diferente, se trata de una iniciativa que surgió en el contexto de las medidas ya implementadas por las provincias de Salta, Santa Cruz, Mendoza y, más recientemente, Jujuy, que comenzaron a cobrar por la atención médica a ciudadanos de otros países que no residen en Argentina.
Adorni señaló que podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros, con el fin de generar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Aunque el vocero se refirió especialmente a las carreras de Medicina, donde un 30% de los estudiantes son extranjeros en algunas universidades. La medida afectaría a aproximadamente 79.800 estudiantes extranjeros.
El anuncio generó resistencia dentro del sector universitario, que cuestiona tanto la viabilidad de los aranceles como la definición de “extranjeros no residentes”. Según las normativas vigentes, para poder inscribirse en una universidad argentina, los estudiantes deben residir en el país y tener DNI argentino, lo que genera incertidumbre sobre la aplicación de esta medida. Además, algunas universidades, como la Universidad de Buenos Aires, no estaban al tanto de los planes del gobierno, lo que generó malestar entre los rectores.
La mayoría de los estudiantes extranjeros proviene de países vecinos como Brasil, Perú y Paraguay, además de un porcentaje considerable de estudiantes provenientes de otras naciones de América Latina.
El otro punto de la reforma migratoria avanzará en el cobro de servicios de salud a extranjeros no residentes en el país en los hospitales, en sintonía con la medida que ya aplican provincias como Salta, Santa Cruz, Mendoza y Jujuy.
De acuerdo al anuncio formal, las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales serán las encargadas de establecer las condiciones de acceso al sistema de salud. Según se informó, la experiencia de Salta podría servir como modelo para la implementación de estas nuevas medidas a nivel nacional.
“Allí se generó un ahorro de 60 millones de pesos. También mejoró atención para el resto de los ciudadanos residentes en nuestro país. Nos despedimos de los tours sanitarios”, aseguró Adorni en su conferencia de prensa.
La provincia gobernada por Gustavo Sáenz estableció un tarifario detallado que incluye cobros sustanciales por servicios como internación y tratamientos especializados, lo que derivó en una disminución de los llamados “tours sanitarios”. Dicho tarifario se actualizó con una suba del 20% en septiembre último.
El Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones fundamentó la decisión del gobierno en que “el acceso gratuito al sistema sanitario argentino por parte de migrantes que no poseen un interés en asentarse y desarrollarse en el país no resulta una práctica que guarde algún beneficio para nuestra sociedad ni encuentra resguardo a la luz de la Constitución Nacional”.
Una vez que se conozca el texto del proyecto que se enviará al Congreso se podrá establecer si esta decisión quedaría enfrentada con los esfuerzos de descentralizar el sistema de salud que ha venido proclamando la administración nacional, en busca otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones para tomar decisiones sobre la gestión de los recursos y servicios sanitarios en sus respectivos territorios.
