Carlos Conejo Martínez, el ex intendente peronista de Aguas Blancas, se fugó el sábado, justo cuando iban a detenerlo, en el marco de una investigación federal que lo señala como el presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Su escape generó la sospecha de que pudo haber recibido una advertencia sobre el operativo a través de una filtración, una posibilidad que todavía no está confirmada.
Martínez permanece prófugo y tiene un pedido de captura. La causa derivó en 32 allanamientos y la detención de 11 personas, entre ellas integrantes de su entorno familiar y dos contadores. Otro sospechoso también permanece prófugo.
La investigación fue impulsada por la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, después de cerca de dos años de pesquisas.
Los detenidos fueron imputados este martes, durante una audiencia que se extendió por seis horas y fue encabezada por Gustavo Montoya, juez federal de Orán. El magistrado dispuso la prisión preventiva efectiva para siete acusados y fijó un plazo de seis meses para que la fiscalía concluya la investigación.
Según la hipótesis fiscal expuesta en la audiencia, los acusados habrían integrado una asociación ilícita orientada a introducir fondos provenientes del narcotráfico en el circuito económico legal.
Entre los imputados se encuentran el hijo del presunto líder, Miguel Ángel Martínez; su hija, Jessica Elizabeth Martínez; su exmujer, Nancy Mirta Cordero; y su actual pareja, Tamara Tapia.
También fueron acusados los contadores públicos nacionales Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro. La fiscalía sostiene que habrían utilizado sus conocimientos técnicos para bancarizar fondos e introducir bienes de origen ilícito en el circuito financiero legal.
La nómina se completa con Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.
Durante los allanamientos se secuestraron 35 teléfonos celulares, además de computadoras, notebooks y pendrives. Montoya autorizó la apertura y el peritaje de los dispositivos, así como el requerimiento de información a las empresas telefónicas para analizar los registros de llamadas entrantes y salientes.
Al resolver la situación de los 11 imputados, Montoya dispuso la prisión preventiva efectiva para siete. Para los otros cuatro estableció medidas menos restrictivas, entre ellas la obligación de someterse al proceso, la prohibición de entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país durante dos meses.
“Conejo” Martínez había sido condenado en diciembre de 2025, en una causa provincial, a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.
Pese a que la condena era de cumplimiento efectivo, le otorgaron prisión domiciliaria y cumplió la pena en su domicilio. Al momento del operativo federal, esa pena de prisión ya estaba cumplida en relación a la causa del homicidio de su hermano «Conejo» Martínez.
