El fiscal general Eduardo Villalba formalizó la imputación de graves delitos contra el intendente de Coronel Juan Solá, Atta Miguel Gerala, en el marco de una investigación por el robo y contrabando de rieles en el norte de Salta.
Esta acción se da después de la prisión preventiva de su hijo, José Miguel Gerala, y de David Medina, otro de los implicados.
El fiscal acusó a Gerala de contrabando agravado y robo agravado en grado de partícipe necesario, además de malversación de caudales públicos por el uso indebido de bienes municipales para su beneficio personal.
La fiscalía también solicitó el arresto domiciliario del intendente hasta fin de año, medida que se hizo efectiva desde la jornada de ayer. El intendente cumple arresto domiciliario en Morillo
Los fiscales establecieron que el intendente facilitó el robo de rieles usando recursos municipales, como maquinaria y vehículos, e incluso resguardando el material robado en predios del municipio y en su propia casa. Durante los allanamientos, se secuestraron 15 rieles, con un valor aproximado de 19 millones de pesos.
El fiscal destacó la influencia de Gerala sobre la comunidad local, subrayando que sin su participación activa, las maniobras ilícitas no habrían sido posibles. Además, se indicó que el peso de su figura política, con casi 30 años en el cargo, ponía en riesgo el desarrollo de la investigación.
La defensa, a cargo del abogado Darío Palmier, no objetó la imputación penal, pero si se opuso al arresto domiciliario. Sostuvo que su cliente estuvo a derecho en todo momento y, entre otros argumentos, descartó que vaya a entorpecer la investigación.
Gerala, quien en primera instancia había declinado declarar, se retractó y pidió hacer una manifestación. En la misma negó de manera rotunda las acusaciones y aseguró que demostraron su inocencia, a la vez que rechazó cualquier vinculación del municipio con los hechos imputados.
Por su parte el presidente del Concejo Deliberante de Morillo, Claudio Ruiz, quien se encuentra con licencia temporal, comentó que hoy se llevará a cabo una sesión ordinaria del Concejo, presidida por el edil César Luis Bravo, quien ocupa la presidencia de manera interina.
Según explicó, debido a que ninguno de los concejales está involucrado en los hechos, el presidente del Concejo debería seguir al frente del municipio hasta que se resuelva la situación judicial del intendente.
Además, opinó que, dado lo ocurrido, sería apropiado realizar una auditoría, aunque precisó que la decisión dependerá de los asesores legales.
Respecto a las acusaciones de robo y contrabando de rieles que involucran al intendente, comentó que la extracción ilegal de rieles para la construcción de viviendas en la región es un hecho conocido en la comunidad.
Finalmente, indicó que están esperando más información de la justicia para poder actuar con mayor claridad.
