Leonardo Bertulazzi fue capturado por la PFA, buscado por su accionar en la organización armada italiana que actuó en los años 70. Estaba viviendo en Buenos Aires, como refugiado político, categoría otorgada por el gobierno peronista en el 2002 y ratificado por todas las administraciones kirchneristas.
Su captura estaba pedida al menos desde 2015, sin embargo, en enero del año 2020 tramitó su DNI en Argentina e informó su domicilio. El detenido se encontraba en la Argentina en calidad de refugiado político, gracias a una resolución de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE). Sin embargo, la Vicejefatura de Gabinete del Interior le retiró dicho estatus, por lo que fue localizado y detenido.
Bertulazzi se encontraba legalmente refugiado en Argentina, aunque perdió ese status tras un cambio judicial. Así, la jueza María Romilda Servini firmó su arresto. No obstante, no es la primera vez que es detenido en el país, ya que se lo capturó en 2002, pero allí contaba con la resolución de refugio que impidió su extradición en aquel momento.
En la detención intervino la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones Interpol y el Departamento Investigaciones Antiterrorista de PFA. Bertulazzi, de 72 años, había logrado un DNI argentino, número 94 millones, con un domicilio en San Telmo. Incluso obtuvo un alta en la AFIP para operar comercialmente.
Según el medio italiano Leggo, el hasta hoy refugiado era uno de los principales integrantes de las Brigadas Rojas. El secuestro de Costa, padre de dos hijos, proveniente de una acaudalada familia que hizo su fortuna en el negocio de los astilleros, comenzó cuando fue capturado en su casa de Castelleto. Fue liberado a fines de marzo de 1977, tras un rescate de diez millones de liras.
Así, Bertulazzi, al llegar a Italia, enfrentará una pena de 27 años de prisión por los delitos de secuestro y asociación subversiva. El dinero que se recaudó del secuestro, según el mismo artículo, habría sido empleado para comprar el departamento donde fue mantenido cautivo Aldo Moro un año más tarde.
Bertulazzi no es el único italiano con un pasado de violencia y lazos con el crimen que logró una vida legal en Argentina. El miércoles 26 de octubre de 2022, el Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA arrestó a Carmine Alfonso Maiorano, de 68 años, nacido en Cosenza, acusado de ser un jefe de la mafia italiana N’drangheta. Se lo investigó por ser un supuesto enlace entre la mafia y sus operaciones narco en Latinoamérica. Buscado por la jueza de Catanzaro Ilaria Tarantino, Maiorano fue arrestado tras meses de inteligencia policial y seguimientos a cargo del Departamento Antimafias -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- en un domicilio de la calle 128 en Guernica.
Ahora, el Ministerio de Seguridad confirmó su captura y comunicaron: “Esta detención refleja el compromiso de Argentina con los valores de la democracia y el Estado de Derecho, y expone ante el mundo la firme decisión de no convivir con asesinos impunes. Asimismo, subraya la necesidad de evitar que instituciones diseñadas para proteger a personas en situaciones de vulnerabilidad sean aprovechadas indebidamente por criminales que atentan contra la paz y las instituciones democráticas”.
