La investigación comenzó en el 2023 en la localidad de Taco Pozo en Chaco. Después se advirtieron maniobras similares en Salta. Según las investigaciones, los ilícitos se cometieron durante las administraciones kirchneristas.
La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Carlos Amad, y las evidencias reunidas hasta ahora darían cuenta de un fraude con numerosos implicados y un perjuicio al Estado nacional.
Desde el inicio de la investigación, se han investigado a 22 personas, involucradas presuntamente en las maniobras, y se realizaron 17 allanamientos, donde se secuestraron $8 millones de pesos.
La causa fue declarada como compleja por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, quien durante una audiencia también rechazó el pedido de la defensa de dos personas investigadas, que pedían tener acceso al legajo de investigación, algo que está vedado por el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal.
Según detallaron en la investigación, un médico del departamento de Anta estaría involucrado, y el mismo, también figura en la causa de Taco Pozo. Por el momento, hay cerca de 10 mil casos bajo análisis, lo que, a su vez, da cuenta del nivel de perjuicio al Estado nacional de un beneficio que no sólo se habría otorgado de manera ilegal, sino que también se mantuvo en el tiempo, lo que aún resta determinar, entre otros aspectos del caso.
