La Sala IV ratificó la condena contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza y mantuvo la pena de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, además de tres años de prisión de ejecución condicional. Hoy esta libre y la localidad salteña envuelta en un escándalo político.
El “Kila” Gonza arrastra desde 2022 una condena penal en doble instancia por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, cometidos durante su gestión como intendente. La pena impuesta fue de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, sanción que fue confirmada y luego agravada por el Tribunal de Impugnación, al considerar que los delitos no fueron tentados sino consumados.
Pese a ese escenario judicial claro, la lectura definitiva de la pena fue postergada en reiteradas oportunidades. La audiencia clave fue suspendida varias veces, la última se produjo el 9 de diciembre pasado, apenas un día antes de que Gonza jurara como concejal. La Justicia, con este acto, ayudó al condenado a asumir y generar un escándalo político.
Quizás por ignorancia, por “complicidad política”, o “sacarse el problema de encima”, lo real y cierto es que los jueces permitieron que asumiera como concejal, ocupara la presidencia y generara un terremoto en el Concejo.
El día de su asunción, durante la sesión preparatoria, el concejal Juan Pablo Dávalos de La Libertad Avanza presentó una resolución para suspender preventivamente la asunción de Gonza hasta que el cuerpo analizara si existía una inhabilidad moral sobreviniente, figura prevista para resguardar la ética institucional.
La propuesta fue rechazada. Votaron en contra de la suspensión Agustina Rodríguez Laconi, que llego de la mano de una alianza poca clara de la UCR con lo que quedaba de Cambiemos, el hermano del condenado, Aldo Gonza, y Carlos Maldonado, libertario recién asumido. A favor votaron Dávalos, Guadalupe Sola y Agustina Saravia. El resultado habilitó dejó al descubierto una maniobra destina pura y exclusivamente para obtención de cargos en el cuerpo deliberativo.
El resultado: Carlos Maldonado quedó como presidente del cuerpo, el “Kila” Gonza, ocupó su cargo; Agustina Laconi estrechó aún más sus vínculos con la familia Gonza; Dávalos, principal denunciante contra el “Kila” y su familia, salió de la presidencia; despidieron a los empleados del Concejo y se repartieron los puestos vacantes entre los libertarios ingresantes y los kirchneristas sobrevivientes del último periodo.
El intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, acentuó que “se lo indica como autor de delitos consumados en perjuicio de la Municipalidad y se agrava con la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, no se le computarían los años como funcionario para su jubilación”.
Esta situación genera consecuencias institucionales. “Esta situación debe disponer la expulsión del cuerpo, porque se trata de un funcionario que está inhabilitado de manera perpetua para ejercer cargos públicos”, afirmó el jefe comunal.
