Preocupado por los fuertes aumentos en los precios de los alimentos que en diciembre superaron el 5% y cerraron el año por encima del 45%, unos 10 puntos porcentuales más que la inflación promedio de 2020, el gobierno nacional puso en marcha una vieja y nunca exitosa estrategia: acordar con distribuidores y comercializadores precios de referencia.
Como corresponde en Argentina, el país de las vacas, el primer acuerdo fue para la carne vacuna y se rubricó durante la tercera semana de enero. En poco tiempo, según dicen en despachos oficiales, habrá otros convenios para frutas, verduras, lácteos y cereales. La preocupación del gobierno por el aumento de la carne es entendible: durante el año último la carne de vaca subió 75% y arrastró a la carne de cerdo y de pollo a una suba de casi el 60% cuando la inflación promedio estuvo por debajo del 40%. Pero el exagerado anuncio oficial para bajar “hasta 30%” los precios vigentes desde diciembre, explicitado por los ministros de Producción y de Agricultura, Matías Kulfas y Luis Basterra, parece voluntarista e insuficiente.
Los funcionarios acordaron con representantes de la industria frigorífica y de las cadenas de supermercados la comercialización de 6 mil toneladas mensuales de carne a “precios populares”. Parece un montón. Pero no lo es. Es muy poco. En el país se consumen aproximadamente 200 mil toneladas mensuales (y 2,4 millones de toneladas anuales) de carne vacuna, como señalaron rápidamente el ex titular del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, Matías Longoni, y otros trabajadores de la prensa agropecuaria de todo el país. El porcentaje comprometido por frigoríficos y supermercados, para evitar decisiones que les resulten más gravosas como, por ejemplo, el cierre de exportaciones, representa apenas el 3% del consumo mensual.
Frente a esta observación, Basterra reconoció que el objetivo es “marcar una referencia” y que se trabajará “para sumar otros actores (frigoríficos) a esta iniciativa” y de alguna manera aceptó la fragilidad de la medida oficial. Por las dudas, aclaró que esta carne barata “en los supermercados estará disponible los fines de semana y los miércoles de las primeras 3 semanas de cada mes”.
“En el Mercado Central estará todos los días” añadió como si cualquier argentino pudiera acceder a esa feria mayorista ubicada en la localidad de Tapiales, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. ¿Llegará carne a precio acordado a los supermercados de las provincias o quedará en las sucursales porteñas y bonaerenses? No es imposible, pero es improbable.
El objetivo, criticaron opositores al gobierno, es que haya carne barata en el conurbano bonaerense durante la campaña electoral. “No va a llegar a las ciudades del interior ni va a bajar los precios” anticiparon. Por las dudas, como en pasadas y similares iniciativas, gobernadores e intendentes instruyeron a sus directores, subsecretarios o secretarios de Defensa del Consumidor para que hagan cumplir el acuerdo nacional y dispongan mercadería en sus ciudades y provincias.
“El acuerdo de carnes ha sido una gran payasada del gobierno. Pondrán cortes por el equivalente a 6 mil toneladas mensuales, eso quiere decir que son 72 mil toneladas anuales y en la Argentina se consumen 2,4 millones de toneladas, así que el acuerdo llega apenas al 3% del consumo. Los cortes no van a llegar a todos los sectores de la población, solamente segmentados a algunos barrios, ni siquiera alguna provincia argentina. Los exportadores hacen el acuerdo porque el gobierno los presiona. Es una vergüenza que se anuncie un acuerdo de este tipo” consideró, profundamente crítico, el economista y analista de negocios Salvador Di Stefano.
Ganaderos, comerciantes y dirigentes políticos suscribieron esa crítica y advirtieron que en tiempos de tensión inflacionaria como el que vive el país, los acuerdos de precios fracasan invariablemente. El razonamiento es simple: no se puede contener un precio si todos los demás suben y suben.
El problema (de los precios) no es el productor
Semanas atrás, cuando el incremento de los precios de los alimentos ocupó varios centímetros en la portada de los diarios y largos segundos en los programas de radio y televisión, la Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez difundió una saga de mensajes en redes sociales junto a la consigna “el problema no es el productor”.
En sus publicaciones, la entidad cordobesa detalló el valor real que reciben los agricultores y ganaderos por la venta de su producción.
Del kilogramo de carne vacuna (asado) que el consumidor paga $640, el productor ganadero recibe algo más de $150. El resto se distribuye en industria, transporte, comercialización e impuestos. Del litro de leche que el consumidor paga casi $50, el productor tambero recibe apenas $15. El resto se distribuye en industria, transporte, comercialización e impuestos.
Del kilogramo de pan que el consumidor paga casi $120, el productor triguero recibe menos de $20. El resto se distribuye en industria, transporte, comercialización e impuestos. Y del kilogramo de polenta que el consumidor paga casi $160, el productor maicero recibe apenas algo más de $15. El resto se distribuye en industria, transporte, comercialización e impuestos.
Informes similares, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina o de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por ejemplo, concluyeron lo mismo: las materias primas y la producción primaria poco tienen que ver con los valores pagados por los consumidores. “El maíz representa en promedio el 12% del precio final de los productos analizados (pollo entero, pollo trozado, huevos, pechito de cerdo, leche y asado) y el trigo el 13% del precio del pan” explicitaron en la Bolsa de Cereales y en FADA detallaron que “del precio de la carne, el 29% pertenece a la cría y el 22% al feedlot, el resto corresponde a frigorífico, carnicería e impuestos y lo mismo sucede con el pan y la leche: el porcentaje de los productores es menor”.
