El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, adelantó hoy que la Ciudad impulsará demandas civiles para que los detenidos por los incidentes de la semana pasada en los alrededores del Congreso, mientras la Cámara de Senadores debatía la Ley Bases y el paquete fiscal, paguen por los daños materiales registrados durante la jornada.
El mandatario, además, defendió el accionar de la Policía de la Ciudad durante los acontecimientos y afirmó que será la Justicia la que debe determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos.
“Estamos reclamando en causas civiles, que van paralelas a la penal porque los daños económicos se reclaman en esa instancia, a todos los que queden detenidos y procesados. Lo vamos a hacer lleve el tiempo que lleve”, sostuvo hoy Macri.
Durante la presentación de un nuevo plan hidráulico para la Ciudad, el jefe de Gobierno contó que su administración lleva gastados casi 300 millones de pesos tras los hechos de la semana pasada: “Nosotros tenemos la decisión de no permitir que en el espacio público se haga lo que quiera, que la gente destruya lo que es nuestro porque hemos gastado 278 millones de pesos más 21 millones de pesos que hemos entregado a 7 comerciantes porque les destrozaron su propio local y les robaron mercadería”, contó.
Los destrozos ocurrieron el miércoles, mientras se analizaba en el Senado la Ley Bases. Con el correr de las horas, todos los arrestados -33 en total- quedaron a disposición de la justicia federal.
El fiscal Carlos Stornelli dictaminó investigar a los sospechosos por “lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”. Es decir, acciones terroristas.
“Ante la gravedad de los hechos en consideración del estado incipiente de la investigación la gran cantidad de diligencias que se hallan actualmente en curso, tendientes a determinar eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí- sumado a que no se advierten otras medidas de coerción menos gravosas que permitan avanzar adecuadamente la investigación, solicitará a VS que se orden sus prisiones preventivas”, dijo Stornelli al momento de impulsar la causa.
A última hora del viernes, la jueza María Servini resolvió hacer lugar a la excarcelación de 17 personas y mantener detenidas a otras 16. Sin embargo, Stornelli apeló esa decisión y pidió que se revoque la libertad de 14 de esas 17 personas.
En ese sentido, Macri avaló la decisión del fiscal y dijo que fue gracias a las pruebas que está aportando la Ciudad. “Hubo gente que llevaba combustible en sus mochilas o una granada. Evidentemente hubo gente que tenía un plan específico adentro y afuera del Congreso. Una cosa es cometer delitos y otra cosa es tratar de buscar que se suspenda una sesión que tenía como objetivo intentar repetir lo que algunos sectores consideraron el éxito de diciembre de 2017, que es impedir el normal funcionamiento de las instituciones. No los dejamos. Ahora tiene que investigar la Justicia”, aseveró.
Además, rechazó los cuestionamientos de distintos sectores sobre que hubo detenciones arbitrarias al afirmar que “si alguien había sido detenido porque se puso violento, pero no fue parte de esos delitos de fuego o piedra, la Justicia tiene la tarea de dilucidarlo”.
“No es casual que muchos de esos pseudomanifestantes, la inmensa mayoría tiene antecedentes, estamos hablando de narcomenudeos, robos y delitos sexuales”, añadió.
