El Gobierno nacional apeló el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que obliga a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera de bandera y una indemnización de u$s16.099 millones.
El lunes pasado los litigantes Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), y Eton Park Capital Management, pidieron por escrito la ejecución de la sentencia, que busca cobrar el monto en acciones Clase D de la compañía privada de mayoría de estatal.
En esos escritos Eton Park incorporó una transcripción traducida de una reciente conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, donde justificó las razones de la expropiación impulsada en 2012 por la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
En respuesta a esa presentación, los abogados estadounidenses contratados por la Procuración del Tesoro respondieron con los principales argumentos esgrimidos por la Argentina, que rechazan el fallo de Preska.
En el caso Eton Park, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de un caso sin precedentes, con un fallo en apelación y fundamentos jurídicos complejos. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.
Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible.
Por último, la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.
En el caso Bainbridge, advirtieron una violación del derecho argentino ya que transferir las acciones implicaría incumplir la Ley 26.741, que consagra el dominio público sobre los recursos hidrocarburíferos.
También advierten que no existen antecedentes jurisprudenciales que avalen ejecutar activos de otro Estado en EEUU en las condiciones que propone la orden de la jueza Preska, “lo que refuerza las chances de revertir el fallo”, completan.
El Gobierno también trabaja en la apelación formal de la orden de “turnover” y en un pedido de suspensión ante el Segundo Circuito, en caso de que la jueza Preska rechace la solicitud.
