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La Corte ordenó publicar los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar ocultas por el kirchnerismo

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El máximo tribunal dispuso que se entregue la información de los establecimientos que participaron de las evaluaciones en 2016 y 2017, sin exponer datos personales de alumnos y docentes.

La Corte ordenó publicar los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar ocultas por el kirchnerismo - Revista Salvador
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado Nacional hacer públicos los resultados de las evaluaciones educativas Aprender y Enseñar realizadas durante 2016 y 2017. La decisión alcanza a la información de cada establecimiento educativo que participó de los operativos y establece que los datos deben entregarse sin comprometer la identidad ni la privacidad de estudiantes y docentes.

El fallo hizo lugar al reclamo presentado por un ciudadano que había solicitado conocer los informes completos de las instituciones educativas. La mayoría del tribunal consideró que se trata de información pública y que su difusión permite controlar cómo se implementan las políticas educativas y de qué manera el Estado cumple sus obligaciones.

En su resolución, los jueces remarcaron que los datos en poder del Estado pertenecen a la ciudadanía y que acceder a ellos no puede depender de la voluntad de los funcionarios. También señalaron que conocer los resultados por establecimiento constituye una herramienta importante para evaluar el funcionamiento del sistema educativo.

El planteo judicial había comenzado en 2019, cuando Rafael Aurelio Argañaraz Olivero presentó una acción de amparo contra el entonces Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Su pedido incluía la totalidad de los reportes de resultados de las instituciones de Salta que habían participado de las evaluaciones durante esos dos años.

Sin embargo, desde el área de Evaluación Educativa rechazaron entregar los informes completos. Argumentaron que la información tenía carácter confidencial y ofrecieron únicamente datos agrupados hasta el nivel municipal.

El Estado Nacional también se opuso a la demanda al considerar que la publicación de los resultados podía facilitar la elaboración de rankings de escuelas y generar situaciones de discriminación o estigmatización. Entre sus argumentos, advirtió sobre los posibles señalamientos hacia comunidades indígenas, estudiantes migrantes y sectores socialmente vulnerables.

La discusión llegó a la Justicia y, en primera instancia, el amparo fue rechazado. Luego, la Cámara Federal de Salta revocó esa decisión y ordenó entregar los informes correspondientes a cada establecimiento, siempre que no se difundieran datos personales. El Estado apeló y el caso terminó ante la Corte Suprema.

Al analizar el expediente, la mayoría del máximo tribunal respaldó el criterio de la Cámara y sostuvo que la transparencia resulta fundamental para conocer el desempeño de las autoridades y controlar las políticas públicas.

Los jueces también destacaron que la publicación de los resultados permite verificar si se garantizan condiciones educativas equitativas, independientemente del origen social, la ubicación geográfica o la identidad cultural de los estudiantes.

En ese sentido, señalaron la importancia de poder evaluar el cumplimiento del derecho de los pueblos originarios a recibir una educación bilingüe e intercultural, además de las obligaciones estatales vinculadas con la calidad de los aprendizajes.

La sentencia fue firmada por Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Carlos Vallefín y Juan Perozziello Vizier. En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz votó por rechazar el planteo.

Finalmente, la Corte aclaró que el acceso a la información pública tiene límites cuando están en juego la intimidad y el honor de las personas. No obstante, consideró que esa protección no justifica ocultar los resultados institucionales de las evaluaciones educativas.

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Director

Eduardo Huaity González

Salvador® es una publicación de
Editorial ABC S.R.L.
Gral Güemes 1717
Salta, Argentina