En otra jornada del juicio que se les sigue a doce personas por montar una “Aduana paralela” en la finca Carina, en Aguas Blancas, ayer el fiscal federal Marcos Romero convocó a declarar a funcionarios de la Dirección General de Aduanas, pertenecientes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Los acusados son José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo, Carmen Janette Cardozo, Gladys Gloria Salazar, Pedro Abel Del Rivero, María Fernanda de los Ángeles Segundo, María Rosa Basco, Virginia Ayelén Orellana, María Laura Tintilay, Cintia de los Ángeles Gutiérrez y Benito José Cardozo.
Todos responden como miembros de una asociación ilícita, cada uno con funciones organizativas y de logística, y como partícipes necesarios del delito de contrabando de mercadería, agravado por el número de intervinientes y por el monto, en hechos cometidos en distintas fechas entre julio y agosto de 2025.
El juicio se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci. Por la fiscalía intervino el fiscal Romero, quien estuvo al frente de una investigación preliminar iniciada el 26 de mayo de 2025.
El debate gira en torno a una organización ilícita montada en la finca Carina, una propiedad compuesta de dos catastros y ubicada a dos kilómetros de Aguas Blancas, a la vera de la ruta nacional 50. La parte posterior desemboca en el río Bermejo, límite natural con Bolivia.
Ayer, la fiscalía citó a declarar a funcionarios de Aduanas de Orán, a fin de que se explayaran sobre el movimiento de mercadería ilegal en la finca Carina, entre otros detalles. En sus testimonios, los funcionarios ratificaron la actividad ilícita que se desarrollaba en dicho predio.
Explicaron que todo se inició luego de que comenzaran las tareas para colocar un alambrado de 200 metros en la zona del Puerto Chalana, entre la Terminal de Ómnibus y el puesto de la Dirección Nacional de Migraciones. Dicha medida se dispuso en el marco del “Plan Güemes”.
Según la fiscalía, la actividad ilegal en la finca data de mediados de 2024, aunque recién fue un “boom” en 2025. Los empleados de Aduana dieron precisiones sobre el origen ilegal y extranjero de la mercadería que salía de esa propiedad, la cual provenía de Bolivia a través de gomones que surcaban el río Bermejo, de una orilla a otra.
Uno de los testigos indicó que los bolsones eran enormes y de gran peso. Resaltó que, durante el allanamiento del 4 de agosto de 2025, entre dos y tres empleados tuvieron que alzarlos. Indicaron que no se trataba solamente de ropa, sino de mercadería variada.
También señalaron que durante el allanamiento se podía ver desde la ribera de Bolivia una “muralla” enorme de bolsones que esperaban su turno para cruzar el río. El detalle más impactante, en cambio, tuvo que ver con la ratificación de un informe que describía en números el movimiento económico ilegal que había en la finca.
Al monto de casi 10 millones de pesos por día, deben sumarse 3 millones diarios por el cobro de peajes internos a cerca de 300 vehículos que ingresaban a la finca para buscar mercadería ilegal.
Según ese organismo y ARCA, entre julio de 2024 y 2025, el flujo ilegal derivado del ingreso de mercadería ilegal ascendía a la suma de $2.975.392.851,56. Casi tres mil millones de pesos. Al ahondar sobre esta cifra, explicó que, después de descontar feriados y días no laborables, tanto en Argentina como en Bolivia, surgía un promedio diario de $9.919.642,84.
El monto deducido, de casi 10 millones de pesos por día, causó asombro en los jueces, ya que esta suma no incluye los casi 3 millones diarios que la estructura delictiva sacaba a costa del cobro de peajes internos a cerca de 300 vehículos que ingresaban a la finca para buscar mercadería ilegal.
Posteriormente, declararon gendarmes pertenecientes a la Unidad de Aviación de Orán, quienes realizaron numerosos vuelos con drones, lo que sirvió para registrar el flujo de vehículos que ingresaban a la finca, los caminos internos y, sobre todo, cómo llegaba desde Bolivia la mercadería ilegal.
Aunque fueron varios los vuelos realizados, en diferentes horarios, formalmente se presentaron imágenes tomadas en los meses de junio, julio y agosto del año 2025. En todas ellas se puede ver cómo las filas de vehículos ingresaban desde la ruta 50 y atravesaban un camino de un kilómetro y medio hasta llegar a la playa.
Allí se había montado un puerto que recibía los gomones que venían desde la ribera boliviana repletos de bolsones. Llamaba la atención que los vehículos se estacionaban con la parte posterior dando al río. Tenían los baúles abiertos, listos para recibir los bultos de mercadería.
Los gendarmes contaron que, a través de los drones, también pudieron advertir que, en determinados lugares, los conductores se sometían a un control que hacían los acusados: abrían el baúl y, al parecer, contaban los bolsones; luego, había un pasamanos.
Según la fiscalía, se trataba del pago de peajes que la organización delictiva tenía sembrados en el camino. Se pagaba desde el ingreso, como así también por bulto o lona. En el lugar también se vio un camión de gaseosas, entre otras cargas que llamaron la atención.
Las defensas, en tanto, intentaron cuestionar la actuación de los funcionarios de Aduana y los gendarmes que operaron los drones, pero las imágenes fueron por demás contundentes respecto de la actividad ilegal que se había montado en la finca Carina.
