Se detectaron más de 250 artículos falsos, tendenciosos y con autores inexistentes que fueron publicados en unos 20 medios argentinos con el fin de desprestigiar al gobierno de Javier Milei, Ucrania e Israel.
La maniobra se detectó en casi toda Hispanoamérica y la finalidad era la misma: favorecer la oposición rusa en Ucrania y criticar al gobierno de Israel. Los espías rusos, que trabajarían en forma coordinada con grupos de izquierda y principalmente con el kirchnerismo, pusieron especial énfasis en “castigar” el gobierno de Javier Milei, ya que lo consideraban: “el personaje más influyente en la región”.
El abogado argentino Jorge Monastersky pidió a la Justicia investigar la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional.
La denuncia, presentada este viernes 3 de abril por mail ante la Justicia Federal, reclama que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.
El impulso a la causa se fundamenta especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.
Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril de 2026 y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.
Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”. La fuente agrega: “La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional”.
Uno de los puntos destacados es la identificación de una estructura con financiamiento externo que, en territorio argentino, habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos dirigidos a modular el debate social a través del presunto pago a medios, editores y/o periodistas que individualmente lograron filtrar publicaciones sin conocimiento de las compañías para las cuales trabajan.
La denuncia resalta que este despliegue explícitamente anticipado en los medios incluye estrategias, actores y canales de circulación que merecen un relevamiento judicial.
Las operaciones reveladas exponen el impacto de campañas dirigidas a modelar la percepción pública, evidenciando los riesgos emergentes en democracias y la creciente sofisticación de herramientas para incidir en los equilibrios globales
El escrito solicita que la Justicia esclarezca si existió entrega de pagos o contraprestaciones a quienes canalizaron la difusión de los contenidos, para lo cual propone identificar medios de pago, intermediarios y beneficiarios, así como solicitar informes a la entidad ARCA por movimientos financieros relevantes.
También exige determinar el grado de conocimiento o participación consciente de los eventuales involucrados, diferenciando entre inducidos y partícipes plenamente informados.
La denuncia señala que la eventual inserción de operaciones de desinformación coordinada y con financiamiento extranjero puede incidir directamente en la “formación de la voluntad del electorado”, en especial durante períodos electorales, afectando “la transparencia del debate público y la integridad del sistema democrático”, según consta en el texto entregado al juzgado. Monastersky advierte que el fenómeno no puede tratarse como una simple dinámica comunicacional sino que representa una amenaza directa al sistema democrático argentino.
La preocupación abarca además la posibilidad de que periodistas y medios hayan sido engañados sobre la fuente u objetivos de los materiales difundidos, hecho que el abogado considera debe ser dilucidado para evitar generalizaciones y establecer responsabilidades individuales. El documento solicita que la Justicia individualice las conductas y determine si reúnen los elementos propios de delitos previstos en la normativa vigente, en particular la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
El abogado pidió al tribunal que ordene una batería de medidas, incluyendo el análisis técnico de patrones de difusión digital por parte de la DATIP. Propone la consulta e intercambio de información con plataformas digitales y organismos estatales nacionales, e incluso –si surgiera la necesidad– iniciar procesos de cooperación internacional. Monastersky exige, además, la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal, para que impulse la investigación penal y propicie el esclarecimiento de los hechos, con miras a preservar los “intereses estratégicos” del país.
La denuncia enumera como urgente que el Poder Judicial “intervenga de manera oportuna a fin de esclarecer los hechos”, debido a la gravedad institucional que implica la probable injerencia de una estructura operativa internacional en el entorno mediático argentino.
