La semana pasada el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza, debía presentarse en audiencia ante el juez Ezequiel Molinati. Sin embargo, no se presentó por lo que el fiscal Ramiro Ramos Ossorio solicitó su detención. Gonza no podrá asumir como concejal en diciembre próximo.
El juez Molinati aceptó la solicitud del fiscal y pidió su detención. Finalmente, el ex jefe comunal se presentó ante el magistrado por lo que el pedido quedó temporalmente sin efecto.
Gonza había sido declarado en rebeldía tras no comparecer al Tribunal de Impugnación, en un proceso en el que se lo juzga por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.
Esta historia comienza cuando el Tribunal de Impugnación consideró que los hechos investigados configuraban delitos consumados y no tentativos. En esta nueva audiencia, el Tribunal debía fijar la nueva pena conforme a la sentencia confirmada por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.
Gonza no compareció ante el llamado del tribunal, por lo que el fiscal interviniente solicitó su declaración de rebeldía y la adopción de medidas para asegurar su comparecencia, pedido que fue acogido por el juez Ezequiel Molinatti, quien dispuso la inmediata detención del exintendente y ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para la continuidad del trámite.
En cuanto a Sergio Armando, otro de los imputados en los hechos de corrupción en el municipio de San Lorenzo, el Tribunal dictó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tras la confirmación de su responsabilidad en los delitos atribuidos.
El ex intendente Gonza había sido condenado en 2022 por delitos contra la administración pública. La Sala IV del Tribunal de Impugnación resolvió revocar la sentencia de primera instancia y confirmar la responsabilidad penal del ex intendente y de Sergio Armando.
El fallo responde al recurso de casación presentado por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y avala su planteo de que los hechos imputados no fueron tentativos, sino consumados, lo que agrava la situación judicial de los acusados.
Gonza había sido condenado a 3 años de prisión condicional, pero ahora con la decisión del Tribunal, el mismo será revocado por lo que se fijó nueva audiencia para la imposición de la pena.
Los acusados están imputados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, cometidos en concurso real. Asimismo, se ordenó a la OFIJU que, conforme a la disponibilidad del calendario judicial, fije una audiencia de visu a fin de determinar la nueva pena que corresponda imponerles a los condenados.
