En proporción, teniendo en cuenta a cantidad de habitantes, Salta es la segunda provincia con más casos de abusos por parte de miembros de la iglesia católica en el país. Le siguen: Entre Ríos y Santa Fe, con 4 denuncias; en Misiones, Corrientes y Córdoba 3; Catamarca y Tierra del Fuego 2; mientras que, en Chaco, San Juan, Río Negro y Santa Cruz, una denuncia en cada una de las provincias.
Meses atrás la Corte de la provincia de Salta absolvió al ex sacerdote Emilio Lamas, quien fue denunciado penalmente por la ex catequista Carla Morales Ríos y el ex monaguillo Juan Carlos García por haber abusado de ellos en reiteradas oportunidades cuando, entre los años 1990 y 1995, concurrían como adolescentes a la iglesia de Rosario de Lerma.
No es la primera vez que sucede. José Carlos Aguilera, ex capellán de la Universidad Católica, también fue beneficiado por el máximo tribunal de la provincia, ante graves denuncias de abusos sexuales, pero lo más desopilante, es que a Lamas y Aguilera los declararon culpables por la Iglesia.
“El 80% de los abogados en Salta, son egresados de la Universidad Católica y una enorme proporción de funcionarios judiciales también, quizás por eso durante tantos años la iglesia tuvo una fuerte cobertura legal en la provincia”, explicaba un reconocido letrado de Salta.
Gustavo Zanchetta
El 4 de marzo de 2022, el ex obispo de Orán Gustavo Zanchetta fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual continuado agravado contra dos ex seminaristas por la Sala II del Tribunal de Juicio de esa ciudad del norte salteño, que además ordenó su inmediata detención y traslado a una unidad carcelaria.
Durante el juicio, varios testigos complicaron la situación del religioso, ya que de sus testimonios surgió que ejercía tratos inapropiados con algunos seminaristas y que se le encontraron fotos con contenido pornográfico en su teléfono celular, entre otros detalles.
Durante el proceso un joven denunció los episodios de contenido sexual que sufrió por parte de quien fuera obispo de la Diócesis de Orán, a partir de 2017. Según su denuncia, estos abusos tuvieron como escenario el edificio del seminario Juan XXIII, de Orán, ubicado a 270 kilómetros al norte de la ciudad de Salta, y en un domicilio particular de la localidad de Los Toldos.
Luego, se sumó la denuncia de un segundo seminarista, que relató haber sufrido episodios de contenido sexual y conductas inapropiadas “frente al público y en el ámbito privado”. Estos ocurrieron desde 2016, en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del Obispo.
Zanchetta renunció como obispo de la Diócesis de Orán el 31 de julio de 2017, al argumentar problemas de salud, tras lo que abandonó la Argentina y se instaló en España, donde fue nombrado por el Papa Francisco como asesor del ente para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que gestiona los bienes y propiedades de la Curia Romana.
Otro cura, las mismas mañas
Fernando Páez, también cura y muy cercano a Zachetta, fue denunciado por un ex seminarista por hechos que sufrió entre 2015 y 2017. El joven testificó también en el juicio que condenó al ex obispo por el mismo delito. El delito que se le imputa al clérigo es por “abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido por un ministro de culto reconocido y encargado de la educación”.
Kevin, la victima de los abusos, inició sus estudios en el seminario de Orán. En 2015 conoció a Páez cuando este fue designado en la Parroquia de la Santa Cruz y estaba al mando de su formación.
A medida que el vínculo entre ellos se profundizaba con la excusa de estar interesado en la vocación de Kevin, Páez comenzó con los abusos: abrazos, besos, interés por vida sexual; no sólo de él sino de otros compañeros. Ante hechos de mayor vulneración a su intimidad, Kevin comenzó a alejarse y a modo de represalia Páez comenzó a maltratarlo y a humillarlo públicamente. “Empezó discriminarme y a ningunearme, una de las bromas ante el grupo Vida Nueva (grupo de adolescentes que formó) era que decía ’estos son más pingudos que vos’, ’estos la tienen más grande que vos’”, contó.
“Él decía que la mujer lleva y trae mucho puterio y entre vagos nos podemos entender mejor (…) Para él todas ’eran trolas, putas’, si llegabas tarde a la parroquia te preguntaba ’con quién habías culeado, con quién habías estado’”, dijo Kevin en declaraciones a medios locales.
En 2017, Kevin, decidió acudir al obispo Luis Scozzina, de la diócesis de Orán, para contarle lo que vivió. Las consecuencias: Kevin fue trasladado a otra parroquia y Páez continuó en contacto con jóvenes. En enero de 2019 el joven abandonó definitivamente el seminario y radicó la denuncia en el fuero penal y en el eclesiástico.
Rosa Torino
Agustín Rosa Torino, fue condenado el ocho de julio de 2021 a 12 años de prisión efectiva por abusos sexuales en tres casos. Cuarenta días después la Congregación para la Doctrina de la Fe decretó la pérdida su estado clerical.
Un comunicado emitido por el Arzobispado de Salta detalló que Rosa Torino, de 67 años, fue “declarado culpable de los cargos de los que se lo acusaba en el foro eclesiástico”.
“Por ello, el delegado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor José Luis Mollaghan ha decretado la pena máxima de la pérdida del estado clerical”, explica el documento, que detalla que este Decreto “puede ser apelado en los términos establecidos por el derecho”.
Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2012, en el ámbito del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, fundado por Rosa Torino y que funcionaba en la capital salteña, con sedes en distintos puntos del país y en otros países.
Este instituto fue intervenido en octubre de 2015, por decisión del Vaticano, que también desplazó a Rosa de su cargo, mientras que, en junio de 2019, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica decidió cerrarlo.
La institución que manejaba Rosa Torino, tenía un convenio educativo con la Universidad Católica de Salta y sus miembros cursaban en forma gratuita las carreras que ofrecía la casa de altos estudios.
La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke solicitó, en sus alegatos, la pena de 22 años de prisión para el acusado, por lo que una vez conocidos los fundamentos de la sentencia interpuso ante la Sala IV del Tribunal de Juicio un recurso de casación.
El de Rosa Torino fue el primer caso de abuso eclesiástico que llegó a juicio en la provincia de Salta por los abusos ocurridos entre 2009 y 2012, en el ámbito de la congregación “Hijos de Jesús San Juan Bautista”. Esta congregación funcionaba en la capital salteña, y en otras 19 diócesis en Argentina, más sedes en Chile, España, México e Israel.
Pero en octubre de 2015 la congregación fue intervenida por decisión del Vaticano y también se desplazó a Rosa Torino de su cargo. Por indicación del Papa Francisco se cerró entonces el Instituto religioso de derecho diocesano Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, que el ex cura Rosa Torino fundara en 1986.
Chauque Perales
El 27 de octubre de 2020, Horacio Chauque Perales fue imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y duración, agravado por ser ministro de culto católico, en perjuicio de un joven que concurría a una vicaría en Villa Los Sauces; y abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y duración agravado por ser ministro del culto católico y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de culto católico, en perjuicio de otro joven que concurría a la parroquia Nuestra Señor del Tránsito.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que el sacerdote fue denunciado en tres oportunidades por hechos que vulneran la integridad sexual de las víctimas.
La primera denuncia fue realizada en septiembre de 2019 por un joven, quien relató que conoció al sacerdote cuando tenía 13 años, en la Vicaría Cristo Rey de Villa Los Sauces y que tenía activa participación en las actividades pastorales. El religioso se ganó su confianza y la de su familia y en 2014 comenzó a someterlo a tocamientos inapropiados, que se repitieron en el tiempo, hasta que fue destinado a otra parroquia. Dijo que luego intentó contactarlo telefónicamente y por redes sociales.
En noviembre de 2019, otro joven denunció que conoció al cura en 2016, cuando fue destinado a la parroquia Nuestra Señora del Tránsito y que luego de entablar un vínculo de confianza con él, comenzó a tocarlo y a tener un trato inadecuado. Denunció también que, en 2017, luego de una conversación que se volvió incómoda por su contenido, Chauque Perales lo sometió sexualmente.
Más papistas que el Papa
El 12 de junio de 2019, el juez Adolfo Figueroa dio por prescriptas las causas de abuso sexual que pesaban sobre el cura Juan Carlos Aguilera. La Justicia salteña lo dejó libre, pero el Tribunal Eclesiástico lo encontró culpable y fue exonerado.
El sacerdote había sido detenido el 21 de marzo de ese año, tras las denuncias por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización agravado por ser ministro de culto; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización agravado por ser ministro de culto y abuso sexual simple agravado.
Aguilera siempre tuvo un tratamiento privilegiado dentro de la justicia salteña; a pesar de la gravedad de los delitos que le imputaban, el 22 de abril Aguilera fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Según el testimonio de uno de los denunciantes uno de los abusos se habría concretado en 1997 o 1998. Otro de los denunciantes señala los años ´95 o ´96 y ´97 o ´98.
Gerardo “Bafle” Montaldi, ex director de Tránsito municipal, es, además, uno de los denunciantes en el Tribunal Eclesiástico por el caso del cura Carlos Aguilera. Montaldi afirmó que conoce la existencia de al menos cinco casos de abuso perpetrado por Aguilera, y lamentó que solo dos de ellos hayan llegado a la Justicia.
Emilio Lamas
cura Emilio Lamas es un sacerdote de 68 años, que cayó detenido en octubre de 2018, tras ser denunciado por Juan Carlos García, un ex monaguillo de la iglesia de Rosario de Lerma, quien expuso los horrores al que fue sometido hace 27 años. “Hacía que lo toque y me empezó a violar”, declaró.
Pero no fue el único hecho que involucró a Lamas. El religioso también fue acusado por Carla Fernández Morales, quien vive en Buenos Aires y que también habría sido violada cuando era un niño y antes de que asumiera su identidad trans. Este medio dialogó con ella y contó su calvario. “Fui violada y yo sentía que había hecho algo mal”, dijo la víctima.
El impacto fue tal, que obligó al Tribunal Eclesiástico a reunirse de urgencia para resolver la cuestión, y en sólo cinco días decidieron expulsar a Lamas. “El tribunal colegiado ha entendido por unanimidad que las acusaciones eran ciertas en su esencia”, dice parte del dictamen.
Desde el sur, Nicolás Parma
El cura Nicolás Parma conocido por su nombre eclesiástico como “padre Felipe”, fue sentenciado el septiembre de 2019, en la provincia de Santa Cruz, a 17 años de prisión por abuso sexual, cometido contra dos seminaristas cuando se encontraban a su cargo siendo menores de edad.
Esta sentencia contra Parma, resulta un nuevo golpe a la red de sometimiento y abuso instalada desde la congregación “Hijos de Jesús San Juan Bautista”, fundada en 2006 por el ex cura Rubén Agustín Rosa Torino, condenado en julio de este año por los mismos delitos -abuso sexual a dos seminaristas y a una ex monja-, en la provincia de Salta.
Los cargos contra Parma se iniciaron en 2016, con la denuncia por abuso de un novicio, quien se encontraba bajo su custodia en la parroquia Exaltación de la Cruz, en la localidad de Puerto Santa Cruz, ubicada a 250 kilómetros de Río Gallegos. A ésta denuncia se sumó una segunda acusación por el mismo delito, de otro de los seminaristas a su cargo, en la misma iglesia.
De Italia con amor
En enero del 2015, es detenido en Roma, Italia, el cura Alessandro De Rossi. Fue a pedido de la Justicia argentina, acusado de haber abusado de menores cuando era párroco en la Vicaría Islas Malvinas, más conocida como María Medianera de Todas las Gracias, en la ciudad de Salta, entre los años 2008 y 2013.
Según la acusación, De Rossi está considerado responsable de haber corrompido a menores y de haber abusado sexualmente de ellos dentro de los locales de la parroquia mientras ejercía sus funciones. El religioso inducía a los menores a practicar sexo grupal.
Y llegó El Milagro
No sólo son causas de abuso sexual lo que salpica a la Iglesia Católica en Salta, que dicho sea de paso, tiene grandes relaciones con el poder político y es el faro para el sector ultra conservador de la provincia, sino que también se caracteriza por la poca voluntad que pone en cumplir con la leyes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 2017, tras una década de litigio de familias contra el Ministerio de Educación de la Provincia, dictaminaba la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Educación Provincial, que imponía como obligatoria la materia Religión. El fallo al mismo tiempo acentuaba en una serie de recomendaciones y agregados que buscan garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional 1.420 de Educación “Publica, Obligatoria, Gratuita y Laica” y resaltando que no se tiene permitidas las ceremonias o expresiones religiosas en horario de clases.
A partir de 2018 el gobierno provincial se vio en la obligación de emitir circulares desde la cartera educativa indicando que las instituciones educativas que deseen cumplir con la tradición de asistir a la catedral deberían hacerlo a contra turno.
Con la pandemia, la Fiesta del Milagro quedo en silencio, pero este año el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, filial Salta, comenzó a recibir denuncias de familias a las que le piden autorización para que sus hijos asistan en horario de clases a la catedral. Ante esto se presentó un reclamo administrativo en el ministerio de educación de la provincia exigiendo el cumplimiento del Fallo y que se proceda en consecuencia contra aquellas instituciones que decidieron omitir lo establecido por la CSJN.
