La designación de ex funcionarios, la elección de magistrados vinculados al poder político y la negativa denunciar a miembros del gobierno anterior revelan la dificultad de Gustavo Sáenz para renovar la política provincial.
El impactante triunfo de Gustavo Sáenz, destinatario de más del 50% de los votos en las elecciones ] provinciales del año último, despertó un genuino sentimiento de renovación para la política provincial compartido por sus adherentes y por muchos de los que prefirieron a otros candidatos.
Es verdad, Sáenz intenta imponer una impronta propia a la gestión pero, sin embargo, algunas de sus decisiones en áreas sensibles como la justicia y la economía revelan una pesada continuidad con el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Por caso, para la conducción del Ministerio de Economía no eligió a un dirigente de su propio equipo o a un extraño a la política provincial sino a un ex funcionario de Urtubey. Titular de la Dirección General de Rentas entre 2008 y 2009, subsecretario de Financiamiento Internacional entre 2009 y 2011 y ministro de Educación entre 2011 y 2016, Roberto Dib Ashur fue elegido para manejar los dineros públicos por sobre economistas que trabajaron con Sáenz durante los últimos años.
“Cuando asumí me di con estos números (en referencia a los vencimientos de deuda por $9.500 millones) y tenemos un panorama complicado para este 2020” reconoció y aclaró que “no encontramos irregularidades en el manejo de fondos”. Obvio, Dib Ashur no puede denunciar incapacidad y mucho menos corrupción de un gobierno que integró durante casi 10 años.
Su designación sumada, entre otras más, a la de los ex ministros Pamela Calletti y Luis Gómez Almaraz como asesora de la Gobernación y secretario de Asuntos Indígenas, respectivamente, confirma el acuerdo o pacto de no agresión y cooperación política sellado el año pasado por el actual gobernador y su antecesor.
En idéntico sentido, la ampliación de la Corte de Justicia de 7 a 9 miembros y la postulación de Horacio Aguilar como nuevo magistrado ratifica ese vínculo entre Sáenz y Urtubey.
Con pasado en la justicia federal de Salta y Jujuy, Aguilar (al igual que su hermano Marcelo) fue asesor “en asuntos relacionados con el Derecho Federal y demás cuestiones vinculadas a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos” del anterior gobierno y representó legalmente a Urtubey en asuntos privados. Mucho antes, compartieron colegio y club en Salta y universidad y departamento en Buenos Aires. Y, el año pasado defendió al propio Sáenz cuando su ocasional adversario electoral Sergio Leavy amenazó con denunciarlo por manejos corruptos en la Municipalidad de Salta.
Aguilar es un operador de la justicia en la política y un operador de la política en la justicia. Su elección para integrar el máximo tribunal provincial excede el conocimiento y mérito jurídico que pudiera tener, y hermana a Urtubey y Sáenz en su deseo de tener jueces inofensivos para el poder político.
Las otras propuestas por Sáenz para la Corte de Justicia, Adriana Rodríguez Faraldo y María Alejandra Gauffín, tienen importantes y meritorias carreras judiciales y, también, vinculación política: la primera es esposa del secretario legislativo del Senado, Guillermo López Mirau, y la segunda es hermana del ex secretario de Hacienda de la Municipalidad, Pablo Gauffin.
La prensa dio sobrada cuenta de esos vínculos políticos. El portal web La Gaceta Salta indicó que cuando su pliego para jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial fue enviado al Senado, Rodríguez Faraldo debió ser entrevistada por López Mirau y el diario El Tribuno recordó el polémico concurso judicial en el que Gauffin fue evaluada con un caso resuelto por el tribunal que ella misma integra, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
La designación de ex funcionarios en la nueva administración y la elección de magistrados vinculados al poder político permanente desnudan la impotencia del gobierno para renovar la política provincial. Impotencia que se expresa también en la negativa a exigir en sede judicial explicaciones a los responsables del gobierno terminado en diciembre.
Esa reticencia a denunciar a los ex ministros de Economía y de Primera Infancia, Javier Montero y Carlos Abeleira, por el déficit de las cuentas públicas en el final de la gestión anterior y por la ausencia de información (fruto de 5 años de sistemáticos relevamientos gubernamentales) y por el ocultamiento del estado de indefensión de los niños de las comunidades originarias del norte, evidencia que en Salta, por ahora, el gobierno cambio para que nada cambie.
