Se debe a una acción de amparo judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la paralización de la actividad minera en Salta y Jujuy, hasta que se realicen nuevos estudios de impacto ambiental. El recurso fue presentado por un grupo de comunidades aborígenes y activistas ambientales. El daño económico puede ser inconmensurable.
Los activistas ambientalista piden una protección a la Cuenca de Salinas Grandes, ubicado entre la Provincia de Salta y Jujuy. Romina Sassarini, secretaria de Minería y Energía de la provincia de Salta, aclaró que hoy no hay actividad minera en la zona.
La Corte Suprema exige a las provincias de Salta, Jujuy y al Estado Nacional, una serie de informes sobre la explotación minera que hay en la cuenca Salinas Grandes que comprende desde el sur de San Antonio de los Cobres hasta la localidad jujeña de Abra Pampa.
Comunidades de la zona pedían una medida cautelar de suspensión de la actividad y de los permisos de exploración hasta que se resuelva la gestión integral de la cuenca por ambas provincias y se realicen diagnósticos de impacto ambiental sobre la actividad en la zona.
Una de las cosas llamativas es que desde hace décadas se realiza la explotación por vía de piletones de decantación a cielo abierto en Salinas Grandes, que en su enorme mayoría están explotadas en forma más o menos industrial, con permisos otorgado por las comunidades del lugar.
Las mismas comunidades tienen la explotación exclusiva del turismo en el salar, cosa que hacen con instalaciones precarias y casi sin control del Gobierno de Jujuy.
“Existen concesiones en la zona, pero no hay actividad porque todavía nos encontramos trabajando en cuestiones vinculadas a la licencia social”, detalló Sassarini.
Las concesiones en la provincia para la explotación del recurso son dadas por el Juzgado de Minas que hoy conduce Victoria Mossman. La funcionaria provincial confirmó que ya hay empresas que han obtenido la concesión para la explotación de la tierra pero que no se avanzó con etapas de construcción de proyectos en la zona.
El amparo presentado gira en torno a la cuestión ambiental y el impacto de las actividades extractivas de litio en los reservorios de agua dulce en la Puna y se cuestiona el control que se ejerce a los proyectos mineros en cuanto al uso del recurso y la contaminación del mismo.
Sassarini explicó que la normativa vigente prevé la vinculación de los actores sociales afectados e involucrados en la elaboración y presentación de los informes de impacto ambiental antes de realizar cualquiera de las etapas en la actividad minera
“Después de que eventualmente ese informe se apruebe, es analizado interdisciplinariamente por el equipo que tenemos en la Secretaría, que trabajamos también de manera conjunta con la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente”, señaló.
Y añadió que desde el gobierno trabajan con mesas técnicas junto a representantes de las mineras y que ahora impulsan mesas “para que todas las empresas que forman parte de una misma cuenca se sienten a discutir estas cuestiones técnicas con mayor profundidad para que se nos permita a nosotros, como autoridades de aplicación, después de aprobarlo trabajar fuertemente en las instancias de control y fiscalización en el campo”.
La funcionaria destacó además el complejo de resoluciones con los que cuenta Salta entorno a los mecanismos de consulta y vinculación de las comunidades con los proyectos mineros que pretendan emplazarse en la zona.
Fuente: Revista Salvador/Nuevo Diario
