Secuestros, maniobras económicas y violencia conforman la trama perversa que se desarrolla tras los muros del convento San Bernardo y que desde principio de año mantiene en un tortuoso proceso legal al Arzobispado de Salta. La Justicia investiga la participación de La familia Obeid y María Livia, referentes exclusivos en el culto a la Virgen del Cerro. La iglesia salteña pidió la intervención del Vaticano en el Convento.
El Convento San Bernardo, administrado por la orden de Carmelitas Descalzas, se encuentra afrontando dos procesos judiciales. Eduardo Romani, abogado del arzobispado comentó que se investiga el manejo de fondos del Convento San Bernardo y la relación poco clara que tiene con las fundaciones que administra María Livia Obeid, referente mística de la Virgen del Cerro.
A estos serios problemas de manejos de fondos, se sumó la denuncia de dos monjas que quisieron abandonar el claustro y las retuvieron a la fuerza, lo que llevó a la Policía de la Provincia a intervenir e ingresar al claustro, algo inédito en la historia, y rescatar a las religiosas secuestradas.
A raíz de las denuncias de las dos monjas opinó que es necesario que intervengan las autoridades eclesiásticas del Vaticano para tratar de sanear el conflicto. Además, también considero que es necesario que se adelanten los tiempos de rendición de cuentas que tiene que hacer las autoridades del Convento, uno de los puntos del acuerdo que se conoció a mediados de año y que contó con la intervención del enviado por el Vaticano, Javier Belda Iniesta.
“La obligación quedó con fecha, pero creo que habrá que adelantar con lo que pasó está semana. El arzobispo tiene una restricción de acercamiento por una decisión judicial injusta. Que salga una denuncia del seno del convento, creo que tiene que adelantar los tiempos y se necesita la inmediata intervención por parte de las autoridades máximas de la iglesia”, consideró Romani.
El acuerdo que firmaron las Carmelitas y el Arzobispado tocaba distintos puntos en los que se fortalecía la autonomía administrativa del Convento y se acompañaba el culto a la Virgen del Cerro a través de las celebraciones eucarísticas, con el fin de dar un cierre a la causa que mantenía una investigación al monseñor Mario Cargnello y otros miembros de la Iglesia Católica de Salta por supuesta violencia de género en perjuicio de las monjas.
Este acuerdo se cayó cuando las religiosas faltaron a lo acordado y desde su defensa se formularon pedidos de registros prontuariales a la figura del arzobispo y el resto de los acusados. Sobre este punto, Romani indicó que el Arzobispado cumplió cada uno de los puntos que se comprometió a realizar.
El pedido de adelantar las rendiciones de cuentas del Convento San Bernardo tiene que ver con las declaraciones que trascendieron del San Bernardo, donde acusaban problemas económicos para su sostén diario y tratar de transparentar la administración de estos ingresos.
Estas declaraciones llamaron la atención del Arzobispado, ya que tales problemas no deberían existir, gracias a los ingresos que tienen por la administración de propiedades del convento y la asociación que mantiene con los gestores del culto de la Virgen del Cerro y sus fundaciones.
“La justicia está investigando y nosotros acompañamos. Lo que importa es saber dónde está la plata que es patrimonio de la iglesia. Hay una obligación de investigar, de saber. Si no pueden rendir cuentas, tendrán que dar las explicaciones ante la justicia y hacerse responsables como corresponde”, manifestó Romani.
Actualmente la fiscal Ana Salinas Odorisio quien investigaba el manejo de recursos, se apartó de la causa alegando alegando violencia moral por agravios y falta de respeto de los abogados defensores de las Carmelitas Descalzas Juan Casabella Dávalos y José Viola.
Un dato que surge de las últimas audiencias que presidió Salinas es que en declaraciones que tuvo la madre priora del Convento San Bernardo, se le preguntó por el rol de Carlos Obeid, esposo de María Livia. Su respuesta fue que es quien “lleva las cuentas”, junto con Marcelo Mentesana.
En los próximos días la defensa de Cargnello presentará una exposición por escrito cuestionando la orden de restricción de acercamiento que tiene el arzobispo en el marco de la causa por violencia de género. Esto obedece a una necesidad de intervenir como autoridad ante los últimos acontecimientos.
Romani confirmó que hubo comunicaciones por violencia interna dentro del convento pero que no se ha podido actuar dadas las restricciones. Sin embargo, desde el Arzobispado sostuvieron ante medios de comunicación que desconocían que las monjas querían abandonar el convento.
“Hay denuncias de violencia, pero resulta que se comunican con el Arzobispo que se mantiene distante como corresponde. Tengo muchos cuestionamientos con respecto a la causa de violencia familiar. Lo vamos a exponer en los próximos días por escrito y con las presentaciones pertinentes porque se están omitiendo detalles. El juzgado de violencia está para proteger a las personas que están sufriendo Violencia, y vemos lo que pasó está semana. Creo que hay un velo que no se está levantando y hay que trabajar en ese sentido”, sentenció Romani.
