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Reforma constitucional

Reformar una Constitución no es cosa de todos los días

El 4 de julio los salteños tendremos que elegir asambleístas constituyentes, a fin de que sean éstos quienes se pronuncien respecto a los artículos que el poder ejecutivo provincial propuso reformar y que el poder legislativo aprobó casi en su totalidad.
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Reformar una Constitución no es cosa de todos los días, ya que encarna el principal pacto social bajo el cual nos comprometemos a gobernarnos, trabajar, producir, educarnos y vivir. Se entiende que tal pacto debe ser perdurable en el tiempo porque el mismo nació del consenso y que, para asegurar su éxito, el propio paso del tiempo ayuda a madurar las instituciones como así también con las personas que las encarnan.

El tiempo mejora el whisky como también al vino, pero bajo las condiciones y cuidados adecuados. Lo mismo se desprende para las instituciones, requieren para su fortalecimiento crecer en el tiempo en un clima de respeto a la división de poderes y la vida en democracia. Todo lo expuesto hasta aquí es una obviedad y forma parte del sentir de la gran mayoría de nuestra sociedad. Aun así, este 4 de julio nos expondremos a tener que desafiar la pandemia para que los asambleístas luego se pronuncien -a favor o en contra- sobre puntos que muy difícilmente por si solos, justifiquen una reforma constitucional.

El gobernador en su Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias resaltó “Que entre las principales reformas propuestas, se prevé la limitación de los mandatos de los cargos electivos, con el propósito de fortalecer la democracia garantizando la alternancia y la posibilidad de participación de los diversos sectores; asimismo se pretende fortificar la administración de justicia; mejorar los órganos de control; fortalecer el régimen municipal; ampliar el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial, entre otras medidas”

Entre los puntos más importantes propuestos para debatir en la Asamblea los medios de comunicación destacaron los referidos a limitar las reelecciones de los intendentes y de los representantes del poder legislativo provincial y en contra posición, extender los mandatos de los jueces de la Corte de Justicia de la provincia. La voluntad del oficialismo provincial es que los intendentes, diputados y senadores puedan ser reelegidos sólo una vez, es decir durarán cuatro años en sus mandatos, con la posibilidad de ser reelegidos por una sola vez consecutiva en el mismo cargo, pero nada impide que sean electos luego a otros cargos legislativos o del ejecutivo o judicial.

En cuanto a los Jueces de Corte, sabemos que nuestra provincia ostenta la particularidad que los ministros que la conforman duran en sus funciones seis años, con la posibilidad de ser reelegidos incontables veces si el gobernador y el Senado así lo desean.

Si nos centramos en la duración de los mandatos, es cierto que el actual plazo estipulado para la duración de los ministros de nuestra Corte provincial es una peculiaridad en comparación con el resto de las Cortes provinciales de nuestro país. Pero para ser justos también debemos aclarar que nuestra Corte no sólo se encarga de presidir el Poder Judicial, sino que lo que cedió en tiempo sumó en poder, ya que además preside el Tribunal Electoral y el Consejo de la Magistratura, dirige la Escuela de la Magistratura, elige y remueve a los funcionarios y empleados judiciales, entre otras funciones y facultades.

La discusión por cual sistema optar por supuesto que no es bizantina, pero tampoco debemos ponernos tan serios si optamos por posponer tal cuestión para otro momento. En definitiva, sabemos que más allá de las particularidades de las instituciones que nos gobiernan, finalmente terminan siendo más importantes las personas quienes las encarnan.

Recurrimos a las instituciones para limitar las ambiciones personales y aspiramos a que las personas que las conformen tengan la sabiduría para controlar y auto controlar que ningún poder se imponga por encima del otro. Si es cierto que encuentra aparente consenso y unanimidad en la opinión pública y de los especialistas, la necesidad de limitar el mandato del gobernador con una sola reelección.

También es cierto que lamentablemente se deja pasar la oportunidad para incluir algunas modificaciones que nuestra sociedad viene reclamando desde hace años. Una de ellas es la denominada ficha limpia, un requisito que nuestra constitución debe incluir para evitar que sean candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos, las personas que se encuentren condenadas penalmente a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos contra la administración pública, contra el orden económico y financiero y demás delitos que una ley especial puede establecer a tal efecto.

Otro de los pedidos que los ciudadanos vienen reclamando es sancionar el transfuguismo o la “borocotización”, y que en la Constitución se prevea la posibilidad de ser sancionado con la pérdida del cargo público que detenta, el legislador electo por un partido político, alianza o frente electoral, que decide incorporarse o representar a otra opción política para: 1. Favorecer intereses políticos opuestos o manifiestamente distintos a los que ofreció en su campaña electoral; u 2. Obtener ventaja electoral; o “Cambiar una mayoría de gobierno”.

Algunos juristas y representantes de la oposición se pronunciaron respecto a la necesidad de incluir expresamente en nuestra carta magna provincial que para la conformación e integración de la Corte de Justicia se debería respetar la representación que permita reflejar la diversidad de género, la especialidad de las diversas ramas del derecho y la procedencia regional.

Éstos y otros puntos lamentablemente no podrán ser tratados por los constituyentes, quedando la sensación en los salteños de que se deja pasar una oportunidad. Finalmente cabe aclarar que nos encontramos a la espera de los resultados de las acciones iniciadas por distintas personas y referentes políticos ante la Corte provincial como también ante la Corte de Justicia de la Nación, en razón de las irregularidades que teñirían en inconstitucional la norma que convoca a la Constituyente, y que pudieran lograr suspender incluso tal llamado.

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