“Todos somos iguales ante la ley”. Este es un principio básico de todo sistema republicano, que no será perfecto, pero es lo mejor que tenemos a la hora de administrar un país.
Alguna vez alguien dijo que la “ley es el mínimo de moral imponible a una sociedad”, hay penas para quien roba, pero quien le miente a su pareja no merece condena legal alguna, pero ese mínimo moral común social es el resultado de acuerdos de convivencia, modelos económicos y costumbres comunales.
Lo menos que se puede pedir, también, es respetar las decisiones de la Justicia, que es quien rige la convivencia entre los ciudadanos de país, es cierto que la Justicia no es justa, pero voy con lo mismo: es mejor tenerla y respetarla que no contar con ella.
Hoy asistimos a la novedad de que los máximos representantes del sistema democrático y republicano, desoyen los mandatos judiciales poniendo en peligro el sistema mismo y poniendo en jaque el principio de igualdad ante la ley.
Todo ciudadano a pie puede cuestionar un fallo judicial y apelarlo, pero cuando la máxima instancia revoca o ratifica un fallo, hay que acatarlo y esto debe ser particularmente riguroso con los representantes del pueblo, ya que no solo son los ganadores de una contienda electoral, sino la expresión misma de las normas de un Estado.
Las ultimas noticias sobre la actitud tomada por la vicepresidenta Cristina Fernández, pone en alerta a la República y esta vez si ponen en peligro al sistema. La Corte De justicia no avaló la “picardía” de dividir ficticiamente el bloque oficialista para ganar un lugar en el Consejo de la Magistratura. La maniobra fue advertida por los ministros judiciales y devolvió la integridad en la elección de los consejeros. Creo que la República Argentina tiene la solidez institucional suficiente como para resistir tal embate, ya vivimos demasiadas épocas en que se torció el brazo de la corrección legal y como sociedad no estamos dispuestos a vivirlo nuevamente.
Eduardo Huaity González
Director
