Tras la condena judicial a las conductoras del programa de tv Opiniones Sanlorenceñas que lo vincularon a posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos de la Municipalidad de San Lorenzo, el concejal Juan Pablo Dávalos sostuvo que las acusaciones forman parte de un ardid en su contra y por ello la jueza las condenó al resarcimiento económico de 500 mil pesos por daño moral.
Juan Pablo Dávalos remarcó que las conductoras del programa televisivo que se emite por la señal de canal 2, Julia Valencia y María Agustina Rodríguez, fueron funcionarias del ex intendente Fernando «Kila» Gonza, a quien denunció en más de 20 oportunidades por diferentes situaciones.
Gonza en diciembre del año pasado fue condenado a tres años de prisión condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al ser encontrado culpable de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado.
En su fallo, la Sala 1 del Tribunal de Juicio a cargo de María Montoya absolvió de los delitos de calumnias e injuria a Valencia y a Rodríguez, por abordar un tema de interés público. En su programa ambas acusaron a Dávalos de quedarse con dinero del alquiler de canchas de fútbol del municipio de San Lorenzo, que se emplazan en el Nodo de Inclusión de Desarrollo y Oportunidades (NIDO) y se encuentra en el barrio San Rafael.
“Cuando perdió Kila, Valencia era directora de Turismo y Rodríguez concejal oficialista, pero antes también fue directora de turismo”, detalló Dávalos a este medio y agregó: “Se dedican a pegar y decir mentiras y la justicia las condenó”.
Juan Pablo Dávalos aclaró que sólo intervino en dos oportunidades en temas referidos a las canchas de San Rafael. Una, cuando la liga masculina planteó hacer uso de las canchas al igual que la liga femenina, y otra para instalar una bomba que la compraron con fondos propios.
«Dijeron que yo cobraban 80 mil pesos por fin de semana en una cancha de barrio. En esas canchas no se paga más de $ 2500 por día, que sirven para pagar al árbitro, la cal hidratada que marca la cancha, pagar al que pone la lona y a quien limpia los baños», señaló.
Jorge San Miguel, abogado del concejal Juan Pablo Dávalos, explicó que la Justicia exime de la calumnia e injurias cuando considera que hay un interés público de por medio.
“La jueza consideró que la investigación que realizaron Julia Valencia y Agustina Rodríguez tendía a un interés público y podía resultar en beneficio para la comunidad y por ello fueron absueltas, pero las condena por el daño moral causado al no acreditar que la investigación fuera verdadera, a pagar 250 mil pesos cada una, más intereses desde marzo del 2022 que iniciaron las denuncias mediáticas a la fecha”, afirmó el letrado.
Señaló que el Código Penal establece el “interés público” para darle primacía a la libertad de expresión y evitar la censura. El miércoles próximo se darán los fundamentos de la sentencia, luego las partes podrán apelar. “No existen pruebas que Dávalos haya intervenido económicamente en la administración de las canchas”, finalizó.
