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Hablemos de violencia política basada en el género

Una de cal y otra de arena: una vez que empezamos a desandar el entramado de la violencia de género en sus diferentes fauces, nos encontramos con un sinfín de padecimientos totalmente naturalizados. Conforme avanza la intervención de las mujeres y diversidades en la política, quedan más expuestos los encarnados intentos de desalentar su participación.
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La sociedad avanza en puntos claves para equiparar el acceso de las mujeres y disidencias a los diferentes puestos públicos y de poder, pero mientras eso sucede, nos vemos en la obligación de visibilizar e intentar subsanar otros aspectos.

Es el caso de la violencia política basa en el género, que, como bien lo explican desde la Defensoría del Público, “no es un fenómeno nuevo, sino que tomó visibilidad frente a la participación más amplia y significativa de las mujeres y personas LGBTTTIQ+ por el impulso de los movimientos sociales y por las leyes provinciales y nacionales de paridad en la representación”.

Vale aclarar que, desde el 2019 la violencia política fue incorporada como uno de los tipos y modalidades de la Ley Nacional de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485) reconociendo así la definición del MESECVI, al incluir aquellas acciones que vulneren el “derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”.

La Ley nacional describe esta figura como la “intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, que impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos” y establece que “puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros”.

Además, durante la presentación de una serie de recomendaciones del mismo organismo para el abordaje de la participación público-política de mujeres, lesbianas, travestis y trans, se da cuenta que ocho de cada diez legisladoras manifestaron que sufrieron violencia política por razones de género y el 98% consideró a la política como un espacio de discriminación hacia las mujeres y personas LGBTTTIQ+5.

Ahora bien, durante este año y en plena carrera electoral, podemos mencionar una larga lista de ejemplos de diferentes precandidatas, candidatas, funcionarias y hasta actrices que padecieron la violencia machista en este aspecto.

Durante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias provinciales, Pamela Ares denunció haber sido víctima en diferentes oportunidades. “Al oficialismo salteño no le gustan las mujeres, ni el Frente De Todos. En un par de días, la lista encabezada por mujeres recibió censura, persecución judicial y hackeo de cuentas. La violencia política hacia las mujeres en Salta es mucha e insostenible”, expresó a través de Twitter, en donde además detalló todo lo sucedido, como ser, haber sido llamada “gato del Presidente”.

Párrafo aparte merece la situación generada en la Cámara de Diputados de la Nación a partir de los ataques del legislador Fernando Iglesias, quien durante una entrevista en TN, calificó una reunión entre Florencia Peña y Alberto Fernández como una “fiesta sexual”.

Las declaraciones del Diputados fueron denunciadas por la actriz, pero también fuertemente repudiadas por sus pares, quienes señalaron que las mismas poseían “un alto contenido de violencia de género mediática, simbólica, política y psicológica, dañando la moral y el nombre de periodistas y actrices de nuestro país por la única razón de ser mujeres”, y a su vez, advirtieron que también hubo otras expresiones y actitudes misóginas contra diputadas, funcionarias y ex mandatarias.

También en el mes de octubre, varios carteles de la periodista y candidata a concejal formoseña, María del Carmen Argañaraz fueron vandalizados, algo que suele suceder en las campañas electorales, pero con el plus de que colgaron en ellos ropa interior.

“Es un claro ejemplo de violencia política de género. Quieren generar una complicidad, o la risa, denostando la participación de la mujer en política, algo que se fue ganando a través de los movimientos feministas a lo largo de la historia”, sostuvo Argañaraz en declaraciones con la prensa y recibió el contundente apoyo de su rival en las urnas, la concejal de Formosa por la UCR, Celeste Ruiz Díaz y de la Directora de Cuestiones de Género, María Silvia Carrizo.

En esta línea, el Observatorio Ahora Que, Si Nos Ven, realizó un análisis sobre la violencia política ejercida hacia precandidatas y a diputadas nacionales en el marco de la campaña electoral de las PASO 2021 en Twitter, y los resultados realmente estremecedores.

Mujeres como Victoria Tolosa Paz, Myriam Bregman, María Eugenia Vidal, Manuela Castañeira, y Cintia Fernández fueron las más mencionadas e insultadas durante el periodo de análisis.

En los insultos propinados hacia ellas, se pudo observar que en todos los casos primaban el desprestigio y menosprecio a sus capacidades, pero también hubo comentarios sexuales y misóginos; acoso, amenaza física, psicológica y sexual.

“La violencia política basada en el género impide el pleno goce de los derechos políticos de todas las personas y debilita el sistema democrático. Una vida libre de violencias también debe incluir el libre ejercicio de nuestros derechos políticos y nuestra vida social en las redes y la virtualidad”, expresaron desde el Observatorio.

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