Más de la mitad de los Concejos municipales de la provincia de Salta tienen algún edil implicado en el escándalo de los cobros indebidos del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, al igual que el diputado por Rivadavia Francisco Osbaldo Acosta, el intendente de El Quebrachal, Rolando Rojas y el mismo titular del Anses Salta, Marco Vera.
Por Estanislao Dieguez
Las denuncias, surgidas por una investigación de los periodistas Agustín Poma y Alexis Miranda, involucran a 52 funcionarios de 30 municipios, un diputado provincial y un intendente, sin embargo sólo el Deliberante de la localidad de San Lorenzo depuró sus filas y expulsó del cuerpo a los ediles implicados en el escándalo.
Melisa González y José Reynaga, fueron excluidos del cuerpo por “inhabilidad moral”, tras dos semanas de intensos debates y cruce de información. La mañana del viernes 14 de agosto, e Concejo decidió expulsar a los ediles. La noticia fue viral en todo el país, pero ningún cuerpo colegiado provincial, ni el Foro de Intendentes, imitó el gesto.
El escándalo se desató tras la investigación llevada a cabo por los periodistas Agustín Poma y Alexis Miranda, que puso en jaque al mundo político de la provincia. En ese momento, se dio a conocer una abultada lista de funcionarios, legisladores y ediles que habían solicitado, algunos llegando a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia.
A excepción de un edil en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, todos los otros señalados, pertenecen al Frente para la Victoria y a la alianza que llevo a la gobernación a Gustavo Sáenz y a dos partidos vecinales peronistas.
“La figura que se utilizó para la destitución fue la de inhabilidad moral. La votación fue agravada, ya que los cinco que votamos lo hicimos por la destitución”, dijo Juan Pablo Dávalos, presidente del Concejo de San Lorenzo y quien encabezó el proceso.
Dávalos también aclaró que ambos concejales señalaron que irán hasta las últimas consecuencias en la Justicia provincia, pero mientras tanto ninguno de los dos podrá seguir siendo parte del cuerpo, hasta que la justicia se expida.
La investigación de Poma y Miranda cruzó los datos de DNI de 300 de funcionarios y legisladores salteños en la página web de la ANSeS. De los documentos cotejados, 50 al menos intentaron recibir el beneficio, aunque sólo 20 lo hicieron fehacientemente.
Melisa González, expulsada del Concejo sanlorenseño, es la más complicad, ya que durante la primera sesión especial ella negó haber realizado el trámite, sin embargo, se constató que si cobró el beneficio cuando fue depositado en su cuenta. Su abogado justificó el accionar de González aduciendo que habría recibido el beneficio de manera automática por el cobro de la
Asignación Universal por Hijo. En el caso de José Reynaga, se comprobó que el ex edil solo había realizado la solicitud y no llegó a cobrar la ayuda de emergencia. Ni siquiera había finalizado el trámite en la página del ANSES.
Dávalos reconoció que los casos son muy diferentes y que a Reynaga se le podría haber impuesto otra sanción, pero dijo que consideraron que la expulsión de ambos “era lo mejor porque en este momento de crisis, el presidente Fernández lanzó un plan noble y no se puede jugar con la necesidad de la gente cuando todos estamos con el sueldo al día”, y afirmó que el caso “entra dentro del cuadro inmoral para nuestra Carta Orgánica”.
El presidente del cuerpo enfatizó que a Reynaga “Se le dio derecho a defensa y no pudo demostrar su inocencia, siguió argumentando que lo hizo para enseñarle a otros cómo inscribirse”.
En tanto, el fiscal federal a cargo de la investigación, Ricardo Toranzos, confirmó el mismo viernes 14 de agosto que ya había elevó el pedido de imputación para los 19 concejales que efectivamente cobraron el ingreso, aunque aún no se definió la fecha de audiencia, “ya que hay que decidir si será virtual o presencial”.
Si bien Toranzo no dio detalles sobre los otros 30 denunciados que figuraban en el registro de ANSeS aunque no habían accedido a ese beneficio, indicó que la investigación continúa y es posible que surjan más imputados.
Tres Deliberantes trataron de hacer lo mismo, General Güemes, San Ramón de la Nueva Orán y La Caldera, en los dos primeros lo cuerpos se negaron a tratarlo, en el caso de La Caldera, fue el intendente quien nunca respondió a la iniciativa de la oposición.
La Unión Cívica Radical, fue el único partido que solicitó que se investigue los casos en cada uno de los concejos, pero en todos cuerpos deliberativos sus pedidos fueron rechazados.
Es el Foro de Intendentes el que debiera obrar como garante de la calidad institucional de los municipios y un ente de contralor de la ética política, pero jamás se pronunció categóricamente sobre el tema, sino quepor el contrario se trató de justificar este doloso accionar con argumentos insostenibles como la religiosidad, la pobreza e inclusive la “ignorancia” de los ediles solicitantes.
En Salta, 322.416 personas son las que perciben el ingreso de los $10.000, esto es, aproximadamente un 25% de la población total de la provincia. El subsidio es necesario, ya que tras tres décadas de gobiernos peronistas en el 2019 el 45,5% de la población está sumergida en la pobreza y que el 50% se encontró bajo la condición “informal”.
La cifra adquiere niveles terroríficos tras cinco meses de cuarentena y paralización de la actividad económica provincial.
Un hecho es destacable, por primera vez en la historia un fiscal de la Justicia Provincial actúa de oficio. La fiscal interina de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, decidió comenzar la investigación tras leer la denuncia en los medios. Tras 20 días de trabajo se declaró incompetente en la investigación y remitió las actuaciones para su intervención a la Fiscalía Federal 1ª cargo de Ricardo Toranzo.
En el escrito dirigido a Toranzos, Simesen de Bielke relató que la Unidad Fiscal intervino a partir de la noticia periodística sobre los funcionarios públicos provinciales y municipales que habrían accedido a la gestión y cobro del IFE, “dando inició las actuaciones y despacho de las diligencias correspondientes”.
Tras esta determinación, Ricardo Toranzos dispuso una medida de entrega de información por parte de la delegación Salta de la Anses relacionada con este caso, sobre los trámites que habrían realizado los involucrados en el listado.
La orden fue cumplida por investigadores del área de Delitos Económicos de Gendarmería Nacional y del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, lo que llevó a un allanamiento en las oficinas de la delegación sur de Anses, en la capital salteña. La diligencia incluyó la verificación y recolección de información de dichos trámites en las computadoras de la Anses, en esta etapa preliminar de la investigación.
Un dato: El titular del Anses Salta, Marco vera, también solicitó la IFE, pero fue rechazado por el sistema de ANSES, al encontrarse, según publicara el mismo, trabajando en relación de dependencia antes de ser nombrado frente al organismo nacional. Trabajaba como asesor de la senadora nacional Kirchnerista, Nora Giménez.
Desde que la investigación judicial se intensificó, la página de precargas de IFE de la ANSES dejó casualmente de funcionar. Ahora, en lugar de figurar el formulario habitual, sólo hay una imagen de “página en reparación” junto a la leyenda “El servicio no está disponible”.
El IFE fue dispuesto por el Gobierno Nacional para trabajadores y monotributistas con mayor grado de vulnerabilidad, de entre 18 y 65 años, ante la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus dispuesta por la Organización Mundial de la Salud. En Salta, 322.416 personas percibieron esta ayuda.
