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Cronología reciente de una antigua decadencia

El 2020 comenzó con la particularidad de un nuevo virus y del que muy poco se sabía, pero que estaba llegando a todos los rincones del mundo y claramente, Salta no fue la excepción. Pero así también ni bien entrado el año, iniciaban los vergonzosos escándalos de la dirigencia política salteña.
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Intendentes imputados por malversación de fondos y fraude a la administración pública; funcionarios de todos los rangos cobrando ayudas destinadas a los sectores más vulnerables, concejales acusados de abuso sexual y hasta actos sexuales en plena sesión de la Cámara de Diputados de la Nación; fueron algunos de los títulos de los tantos escándalos mediáticos y judiciales que salpicaron prácticamente a todos los sectores partidarios locales.

Ya por febrero de 2020, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán, comenzó con una investigación al ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, luego de una denuncia que realizara su sucesor Carlos Héctor Folloni. Semanas después, Guzmán tomó la decisión de imputarlo por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Meses más tarde, tras comprobar un faltante de alrededor de 84 millones de pesos correspondientes al período 2017 – 2019, la fiscal Verónica Simesen de Bielke solicitó la detención de Cornejo y en noviembre requirió ante el Juzgado de Garantías N° 6 la elevación a juicio de la causa en contra del ex intendente.

En mayo fue el turno del ex jefe comunal de Coronel Moldes, Osvaldo Darío García, quien se encontraba acusado de fraude por la venta de una parcela fiscal. Por entonces, Simesen de Bielke pidió ante el Juzgado de Garantías 3 que “se declare en rebeldía y se ordene la detención por no presentarse a la audiencia de imputación por segunda vez”.

Fue en el mes de junio que la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, solicitó la elevación a juicio de la causa que todavía tiene como imputado al ex intendente de Rosario de Lerma, Sergio Omar “Topo” Ramos.

Ramos se encuentra acusado del delito de peculado luego de que en 2013 gestionara una ayuda de poco más de 340 mil pesos que se iban a utilizar para construir viviendas, pero las obras no se ejecutaron y la plata nunca más apareció.

Ernesto “Kila” Gonza también tuvo su rol protagónico, luego de que su sucesor, Manuel Saravia, lo denunciara por graves irregularidades en su gestión. Tras una investigación en la que se pudo corroborar faltantes por  de más de $3 millones; fuga en la que también participó el ex secretario de Hacienda, Rogelio Guaymás y el ex concejal Aldo Dalimiro Gonza, hermano del ex intendente.

Gonza fue imputado entonces por los delitos de fraude en perjuicio del municipio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función.

Hacia la mitad del año llegaría una de las noticias más vergonzantes para la ciudadanía salteña. Un concejal de Guachipas fue acusado de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un bono que estuvo pensado para ayudar a los sectores más vulnerables dadas las condiciones y el contexto de cuarentena estricta a raíz de la pandemia.

Héctor Cari fue acusado del delito de fraude a la administración pública, pero no fue el único; más bien fue el que destapó la olla que dejaría al descubierto que decenas funcionarios hicieron lo mismo y es así que un mes más tarde, el juez de garantías Julio Bavio imputó a 17 concejales y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Ellos fueron: Jesús Ernesto Cuellar, concejal de Urundel; Luis Carlos Coronel, concejal de El Carril; Paola Sandra Cantarella, concejal Pichanal; Maria Del Valle Torres, concejal de Rivadavia banda Norte; Fernando Leandro Gerónimo, concejal de Payogasta; Gabriela Elizabeth Cazón, concejal de Aguas Blancas; Franco Marcelo Córdoba, concejal de San Antonio de los Cobres; Melisa Mónica González, concejal de San Lorenzo; Marta Beatriz López, concejal de Orán; Ricardo Alberto Díaz, concejal de Colonia Santa Rosa; Nicolasa Maraz, concejal de Los Toldos; Nancy Valeria Quiroga, concejal de Santa Victoria Oeste; Jimena Antonieta Ordóñez, concejal de Aguaray; Javier Hector Chauqui, concejal de Angastaco; Alexandra Ludmila Borujow, concejal de El Quebrachal; Hector Rogelio Fernández, concejal de El Quebrachal; Ninfa Noemí Rojas, concejal de El Quebrachal y Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Llegado el mes de agosto, fue el turno del ex intendente de Animaná, Ignacio Vicente Condorí, quien fue inculpado por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores por la comisión del delito de peculado.

Según indicaron en este sentido, Condorí retiró la suma de $ 549.938,89; que consistían en fondos girados por el Ministerio de Desarrollo la Nación, directamente a la cuenta de ese municipio, pero sin darles el fin específico asignado por convenio. Es por esto que meses más tarde, Flores solicitó la elevación a juicio de la causa, y aún se espera que se fije fecha.

Aldo Rogelio Nerón, ex jefe comunal de Santa Victoria Este, fue denunciado por el Concejo Deliberante de esa ciudad en julio del año pasado, e imputado en el mes de agosto por el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según se informó por entonces, el cuerpo deliberativo de Santa Victoria Este realizó la acusación en contra del ex funcionario en representación del Movimiento Indígena por abandono al mismo y ante la falta de respuestas sobre patrimonio, convenios, ingresos y egresos de fondos al Municipio.

Durante agosto, la fiscal penal Mónica Araceli Viazzi, amplió la imputación contra el exintendente de Pichanal, Julio Antonio Jalit, a quien aparentemente no le quedó ningún delinto por cometer.

Jalit se encontraba imputado desde 2019 por supuesto enriquecimiento ilícito, y durante ese mes, se le imputaron también los delitos de estafa por fraude a la administración pública; negociaciones incompatibles con la función pública; peculado de servicios, todos hechos de forma reiterada; enriquecimiento ilícito reiterado; utilización de residuos peligrosos que contaminaron de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general; omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en las declaraciones juradas patrimoniales y fraude a la administración pública por administración infiel.

Así como hubo crímenes de extrema gravedad, también los hubo insólitos. Durante el mes de setiembre, el edil de Rosario de la Frontera, Luciano José Elvira fue imputado por no cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio tras haber sido contacto estrecho de un caso de Covid-19 positivo.

Elvira fue denunciado por el Gerente del hospital Melchora Figueroa de Cornejo, Alejandro Peso, y el diputado de ese departamento, Gustavo Orozco.

Justo cuando pensábamos que nada podía ser más bizarro, llegó Juan Amerí a darnos una lección de superación. El 24 de setiembre, el Diputado nacional por Salta fue sorprendido en plena sesión virtual manoseando y besando los pechos de su pareja con la cámara encendida.

Tal como la situación lo ameritaba, la Cámara tomó la decisión en tiempo récord de suspender al legislador y pocas horas después, Ameri anunciaba que presentaba su renuncia ante Sergio Massa, la cual que fue aprobada con 224 votos afirmativos, uno solo negativo y tres abstenciones.

Tras haber sido noticia en los principales medios de comunicación de países como Brasil, Chile, Francia y España, el fiscal federal Eduardo Taiano lo imputó por el delito de exhibiciones obscenas.

Durante octubre, la concejal capitalina Candela Correa protagonizaba uno de los papelones más memorables de la política salteña.  Durante una entrevista con uno de los medios audiovisuales más vistos del país, la edil no supo explicar cuál es el frente por el cual accedió a su banca.

Por noviembre, la causa que tenía como principal responsable al ex jefe comunal de Aguaray Jorge Enrique Prado, dio un salto y ocupó las portadas de los principales medios del país. Y es que el ex intendente, quien fue detenido por robar caños para un gasoducto por una millonaria cifra, también era investigado por desviar fondos durante la pandemia.

Actualmente, el municipio se encuentra intervenido, en manos de Adrián Zigarán, mientras que Prado permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal III de la localidad de General Güemes.

La seguidilla no dio respiro. En plena época festiva de fin de año, la Unidad Fiscal conformada por los fiscales penales María Celeste García Pisacic y Leandro Flores, imputó al ex intendente de El Quebrachal, Leonardo Fabián García por los delitos de fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según explicaron en este sentido, entre otras irregularidades, García no pudo explicar el destino dado a más de un millón de pesos que recibió para obras de red de agua potable.

En la misma época, los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputaron provisionalmente a Gustavo Solís Mónico, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y cohecho.

La investigación al Intendente de Rosario de la Frontera se inició en febrero de 2020, luego de que se conociera la falsificación de facturas, y tras un pedido de informe por parte de la Auditoria General de la Provincia se constatara las irregularidades en el periodo 2017.

Durante este mes y en la misma línea de la escandalosa noticia del cobre indebido del IFE, transcendió que funcionarios del gobierno provincial y municipal, accedieron al programa de Asistencia al Trabajo y la producción (ATP).

El más complicado por entonces fue el diputado provincial Omar Exeni, quien ya había estado en el ojo de la tormenta tras ser acusado a principio de año de entregar más de 100 cheques sin fondo y algunos meses después, por haber despedido a algunos empleados que se negaron a entregarle el ATP.

Pero eso no fue todo. El 22 de diciembre pasado comenzó en nuestra ciudad el juicio contra el ex concejal de Metán, Raúl Ricardo Ledesma, quien se encuentra acusado desde el 2017 por dos hechos de abuso sexual simple contra una menor de 16 años. Después de casi tres años fue condenado a tres años y cien días de prisión.   

El penúltimo día del 2020, una mujer que se desempeñaba como empleada en el Concejo Deliberante de la ciudad de Orán, señaló que fue abusada sexualmente por el concejal Lucas Tevez. 

Tras la acusación, la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrin Cuezzo, aseguró que Tevez se aprovechó de la poca concurrencia del personal que presta servicios en el organismo por la situación de pandemia.

Ya en los primeros días de este año, la misma fiscal lo imputó como autor del delito de abuso sexual simple continuado en perjuicio de una mujer mayor de edad.

Como si todo un año cargado de acusaciones y polémicas fuese poco, este año ya empezó con otros dos hechos igual de aberrantes. Con días de diferencia, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer que otros dos concejales serían procesados por delitos contra la integridad sexual de otras dos personas. 

Por un lado, Rubén Waldino Palmero, de 46 años y quien se desempeñaba como docente y concejal de Joaquín V. González, fue denunciado por el padre de un adolescente de 16 años al cual intentó abusar sexualmente.

Además, Héctor Ramón Barraza, concejal de la ciudad de Orán fue denunciado por el padre de una menor de 17 años a la que ofreció trabajo en un local comercial y terminó sometiendo sexualmente.

Finalmente, quien se las ingenia para aparecer constantemente en titulares y no de los buenos, es el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Jarsún. El joven político no sólo militó la pena de muerte, justificó linchamientos y elaboró un proyecto para armar a las fuerzas de Seguridad con pistolas taser, sino que también publicó “por error” una foto de Candela Correa en ropa interior.

La foto de la concejal en corpiño apareció por sorpresa en la cuenta de Facebook del Diputado y segundos después aseguraron que se trataba de un error del community manager de ambos políticos, Guillermo Wilches.

Resulta evidente entonces que la ciudadanía salteña no puede quejarse de aburrimiento, aunque dicho entretenimiento no sea por las razones que esperábamos. Y si hay algo que nuestra dirigencia política y su antigua, pero siempre renovada decadencia, nos enseña es que la realidad siempre supera la ficción; claramente ni Francis Ford Coppola se animó a tanto.

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Eduardo Huaity González

Redacción

Macarena Maristany, Gonzalo Teruel y Estanislao Dieguez.

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Ernesto Bisceglia, Gustavo Ítalo Yanicelli y Julio Frías

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