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Buenas intenciones, malas decisiones

Las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional cuentan con buena prensa, pero los trabajadores argentinos seguirán empobreciéndose si no se diseña y ejecuta un plan integral que contenga la inflación.
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Atontado por la feroz interna en la coalición que lo llevó al gobierno y por una inflación descontrolada que en marzo fue de casi el 7% y acumuló en el primer trimestre más de 15%, el presidente Alberto Fernández anunció el pago de bonos a jubilados (por $12 mil), monotributistas y trabajadores informales (por $18 mil) en los meses de mayo y junio y un proyecto para “capturar parte de la renta inesperada que no es producto de un aumento de la inversión adicional, sino que es producto del shock que implica la guerra que hace posible que sectores de nuestra sociedad tengan la posibilidad de tener una renta que es extraordinaria”.

A simple vista los anuncios presidenciales suenan lógicos y razonables, pero al no estar integrados a un plan económico coherente presentan pocas posibilidades de éxito en el intento de aliviar a los sufridos trabajadores argentinos.

Una primera dificultad es que el gobierno no cuenta con los votos necesarios para aprobar en el Congreso la ley sobre la “renta extraordinaria” que le aporte los recursos para abonar, sin recurrir a la emisión monetaria, los pagos anunciados a jubilados y trabajadores informales. Incluso haciendo un gran trabajo parlamentario y consiguiendo los apoyos necesarios para aprobar la ley, el gobierno no contará en lo inmediato con esos dineros porque según anticiparon voceros del Ministerio de Economía (en ausencia de un proyecto ya redactado y oficialmente comunicado) las pocas y muy grandes empresas que lo tributarán lo harán a partir del resultado de sus balances contables no antes del mes de julio.

En consecuencia, los anunciados pagos extraordinarios se cubrirán con fondos del propio tesoro nacional y, muy posiblemente, con emisión monetaria. Y esa emisión alimentará la tensión inflacionaria. Y tal como ya pasó con anteriores beneficios excepcionales para los sectores informales de la economía y generosas paritarias para trabajadores organizados, sin un plan integral de estabilización, los esfuerzos gubernamentales se irán al agujero negro de la inflación.

Hace un año, a propósito de un incremento en la ayuda social de la Tarjeta AlimentAr, Rodrigo García, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, explicó que “seguramente es una medida bienintencionada, de buena leche, pero es equivocada” y argumentó que “si no se controla la inflación, esa plata que se destina a la ayuda social termina, más temprano o más tarde, en las grandes empresas”.

Más aún, el dirigente social enfatizó entonces que “es una medida estúpida porque si seguís poniendo plata en la cuenta de la gente y no controlás el proceso inflacionario, esa plata va a parar a las grandes empresas”. 

Contrario al objetivo del presidente Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán, el alivio inmediato en el bolsillo de los trabajadores irá, vía incremento de precios por aumento de la demanda, a fogonear la ya muy alta inflación.

Las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional son bienintencionadas y cuentan con buena prensa, pero los trabajadores argentinos seguirán empobreciéndose si no se diseña y ejecuta un plan integral, que exceda y por mucho la fallida receta de los acuerdos y controles de precios, que contenga el alza de los precios.

Alberto Fernández y la “Renta Inesperada”

Al anunciar el intento de “capturar parte de la renta inesperada que no es producto de un aumento de la inversión adicional, sino que es producto del shock que implica la guerra que hace posible que sectores de nuestra sociedad tengan la posibilidad de tener una renta que es extraordinaria” el presidente Alberto Fernández omitió mencionar que su administración también dispuso de recursos “inesperados” y “extraordinarios”. La verdad sea dicha: tuvo gastos “inesperados” ocasionados por la pandemia de Covid-19, pero también recursos “extraordinarios”.

El año pasado se esperaba que la cosecha de cereales y oleaginosas tuviera un valor global de 28 mil millones de dólares, pero por los altos precios del mercado internacional finalmente se comercializó en aproximadamente 38 mil millones de dólares. Por supuesto, esos 10 mil millones de dólares de diferencia no fueron propiedad del gobierno que, de cualquier modo, dispuso de unos 2.500 millones (capturados a través de retenciones y otros impuestos) más de los que preveía cuando comenzó la campaña agrícola.

También el año pasado, el gobierno del presidente Fernández obtuvo unos 2.250 millones de dólares provenientes del “Aporte Solidario y Extraordinario” a las grandes fortunas y dispuso de casi 4 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional permitió que se transformaran de Derechos Especiales de Giros (la “moneda” del organismo multilateral) en recursos utilizables por los países que los necesitarán. Este año el FMI prepara nuevos beneficios para países pobres a través de un “Fondo de Resiliencia” que para la Argentina significarán unos 1.300 millones de dólares adicionales.

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Director

Eduardo Huaity González

Redacción

Macarena Maristany, Gonzalo Teruel y Estanislao Dieguez.

Colaboradores

Ernesto Bisceglia, Gustavo Ítalo Yanicelli y Julio Frías

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