Según los primeros testimonios de las víctimas, la madre superiora es señalada como la responsable de prohibir la salida. El fiscal Ramiro Ramos Ossorio, fiscal a cargo de la causa ya tomó declaración a una de las dos mujeres que señalaron que en contra de su voluntad les negaban la posibilidad de abandonar el claustro.
En su testimonio, esta mujer apuntó la responsabilidad de impedir su salida a la madre priora y autoridades del convento.
Las dos mujeres contaban con las autorizaciones del Vaticano para salir por motivos médicos de la reclusión del monasterio. Una tenía pensado volver mientras que otra había decidido abandonar la Orden de las Carmelitas Descalzas, por lo que sus familiares –originarios de Mendoza- se encontraban en Salta para ayudar en su traslado.
Sin embargo, en ambos casos según se supo de la investigación desde el Monasterio y sin mediar una fundamentación concreta, se les impedía la salida y no se daba la autorización. Esto fue lo que llevo a que una de las monjas avisara a sus familiares de la situación lo que motivó la intervención judicial.
Por lo pronto, desde la fiscalía se trabaja en determinar si se conjugo el delito de privación ilegítima de la libertad de las mujeres víctimas y para ello primero buscarán con los testimonios de las dos mujeres afectadas.
Cabe destacar que la mujer que tenía pensado volver al claustro una vez dada de alta en el hospital, decidió no hacerlo y abandonar la orden tras lo que fue este impedimento de las autoridades para autorizar su salida.
“También hay que saber qué tipo de justificativo se pretende esgrimir para haber tomado una actitud de esta naturaleza, luego saber si ese justificativo tiene respaldo legal, hay cuestiones en los que entra en tensión el derecho canónico, en principio no hay ninguna herramienta desde el punto de vista legal que autorice a tener este tipo de comportamiento”, sostuvo Ossorio sobre las primeras averiguaciones que giran en torno a la investigación.
Por otro lado, el fiscal señaló que desde el monasterio nunca brindaron canales de dialogo con la justicia para tratar de llegar a un acuerdo y evitar la escena del allanamiento. “Nunca se brindó un canal de dialogo por cualquiera de sus representantes legales que nosotros ya los conocemos porque han intervenido en otros procesos”, declaró Ossorio.
En los próximos días se tomará declaración testimonial a la víctima faltante de la que solo se sabe hasta el momento su nombre religioso, de ahí se determinarán medidas para avanzar en la investigación.
Ambas mujeres se encuentran ya con sus familias y reciben asistencia médica dado que padecen enfermedades oncológicas y dada su avanzada edad, es necesario que sean monitoreadas.
